CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno federal anunció un paquete de simplificación administrativa para micro, pequeñas y medianas empresas que contempla cambios en trámites del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las medidas este 10 de septiembre como parte de una estrategia para reducir costos de cumplimiento y facilitar la formalización de negocios. El paquete incluye opciones tributarias y registros digitales, aunque su efecto dependerá de las reglas definitivas y de la implementación en las plataformas públicas.
Antonio Martínez, titular del SAT, explicó que las pequeñas empresas podrán optar por un esquema simplificado para pagar 7 por ciento de IVA, en lugar de cubrir la tasa completa y después solicitar devoluciones parciales. Según el funcionario, el porcentaje propuesto refleja el promedio que los contribuyentes recuperan mediante el procedimiento actual.
Para microempresas con ingresos anuales de entre 3.5 y cinco millones de pesos, el gobierno planteó elevar de 900 mil a un millón de pesos el monto de ingresos exentos del impuesto sobre la renta y habilitar pagos trimestrales. También se anunció una mayor tasa de depreciación de activos para compañías con ingresos de 35 a 50 millones de pesos.
En el frente de seguridad social, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que el registro de nuevos negocios podrá realizarse en línea. El formulario pasaría de 80 campos a 14 datos considerados indispensables, una reducción diseñada para acortar tiempos y evitar traslados.
Las autoridades no detallaron todavía el calendario completo de entrada en vigor ni el universo estimado de beneficiarios. Las disposiciones tributarias deberán reflejarse en reglas y sistemas operativos, mientras que los cambios laborales y de seguridad social requerirán coordinación entre dependencias.
La simplificación puede disminuir barreras para la formalidad, pero especialistas suelen advertir que su impacto también depende de estabilidad regulatoria, acceso a crédito, seguridad y demanda. Por ello, los resultados deberán medirse con datos sobre nuevos registros, recaudación, empleos formales y tiempo efectivo dedicado a los trámites.
