Inmueble investigado por una presunta operación clandestina de minería de criptomonedas en Tlaola, Puebla. Foto: Reuters/Daniel Becerril.
TLAOLA, PUEBLA.— El hallazgo de una granja clandestina de criptomonedas con cientos de equipos en la Sierra Norte de Puebla abrió una nueva línea de investigación sobre el uso de activos digitales, infraestructura tecnológica y energía robada por grupos criminales.
La instalación fue localizada en una zona montañosa cercana a infraestructura hidroeléctrica. De acuerdo con información recabada por Reuters, en el inmueble había 300 unidades de procesamiento gráfico, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, una configuración que requería consumo eléctrico y capacidad técnica muy superiores a los de una vivienda o negocio común.
Las autoridades investigan si la operación tomaba electricidad de manera ilegal de una presa cercana y si los activos obtenidos eran utilizados para lavar recursos. La Fiscalía General de la República no ofreció detalles debido a que la investigación continúa abierta; por ahora, la relación con organizaciones criminales es una hipótesis bajo análisis, no una conclusión judicial.
Cuarta instalación localizada en la zona
El caso no sería aislado. Otras tres granjas semejantes fueron detectadas desde 2025 en los alrededores de la misma región. Habitantes consultados señalaron que el ruido de los equipos podía escucharse a un kilómetro de distancia, aunque la ubicación remota dificultaba identificar su origen.
La minería de criptomonedas exige máquinas que trabajan de forma continua, sistemas de enfriamiento y grandes cantidades de electricidad. Cuando ese costo se elimina mediante conexiones clandestinas, la operación puede generar ganancias considerables y convertirse en una herramienta atractiva para estructuras con recursos, control territorial y personal especializado.
El fenómeno también rebasa a México. Chainalysis estimó que las direcciones vinculadas con actividades ilícitas recibieron alrededor de 154 mil millones de dólares en 2025, más del doble que un año antes. La mayor parte del crecimiento estuvo asociada con evasión de sanciones, aunque los investigadores también siguen operaciones de lavado, fraude y extorsión.
A diferencia del efectivo, las transferencias en cadenas públicas dejan rastros digitales. Esa característica permite que autoridades y empresas de análisis relacionen billeteras, plataformas y movimientos, pero la identificación de los beneficiarios finales sigue requiriendo órdenes judiciales, cooperación internacional y análisis financiero.
El caso de Puebla pone sobre la mesa tres posibles delitos que deben investigarse por separado: robo de energía, operación tecnológica clandestina y lavado de dinero. Determinar quién financió los equipos y quién recibió los activos será clave para establecer responsabilidades.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
