La propuesta de auditoría externa al Congreso de Guerrero volvió a quedarse sin debate este 17 de noviembre. Una mayoría de Morena y PVEM retiró el exhorto del orden del día, según la cobertura de En Primer Plano: 21 votos respaldaron la eliminación, seis la rechazaron y dos se abstuvieron. El documento oficial confirma que la solicitud sí había sido enlistada.
Auditoría externa en Guerrero: estaba escrita, no fue discutida
El orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria incluye, en el inciso cc), una proposición de María Irene Montiel Servín, diputada del PAN. Solicita que la Junta de Coordinación Política y su presidencia determinen y ordenen contratar una revisión externa e independiente de las finanzas del Poder Legislativo.
El texto también pide informes a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Órgano Interno de Control sobre irregularidades financieras y administrativas señaladas durante la legislatura. Se planteó como asunto de urgente resolución. No era una auditoría contratada ni un informe que ya hubiera probado responsabilidades: era una solicitud para abrir una vía de revisión.
De acuerdo con Itzel Urieta, de En Primer Plano, Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Jucopo, pidió retirar el punto al aprobar la agenda. El reparto de votos procede de esa reconstrucción periodística; no se presenta como una certificación nominal propia.
La mayoría cerró la discusión antes de examinar la propuesta
La cobertura de Rosario García Orozco para Interacción Noticias también documenta el reclamo de Montiel por el retiro. La legisladora cuestionó que se frene una revisión cuando existen denuncias por presuntos cobros de cheques con firmas apócrifas, incluidas denuncias de diputadas de Morena.
Son señalamientos bajo investigación, no sentencias ni prueba de culpabilidad del coordinador parlamentario. Pero precisamente por eso requieren una respuesta verificable: cómo se revisará el dinero, qué periodo se examinará y cuándo se conocerán resultados. Quitar el asunto de la agenda no responde esas preguntas.
El control sobre recursos públicos tampoco termina en una disputa entre partidos. Montiel reportó inconformidades de trabajadores por presuntos adeudos de cuotas al ISSSPEG pese a descuentos de nómina. Esa denuncia exige comprobación documental; no autoriza a dar por acreditado un desvío.
Badillo invoca costo y facultades legales
La respuesta disponible del presidente de la Jucopo es anterior a esta votación. El 12 de noviembre, Badillo sostuvo que la ASE y el Órgano Interno de Control son las instancias facultadas para revisar las cuentas. Cuestionó un gasto de cuatro millones de pesos en un despacho privado y afirmó que los coordinadores acordaron una revisión exhaustiva desde el inicio de la legislatura, en septiembre de 2024.
Es su justificación, no una resolución judicial sobre la legalidad del exhorto ni una cotización independiente verificada. Montiel discrepa y mantiene su exigencia. El conflicto está en quién revisa y con qué garantías, no en una supuesta prohibición de toda fiscalización.
Los antecedentes de observaciones pendientes en la cuenta pública de Guerrero y de pagos educativos por aclarar ante la ASF corresponden a otros expedientes. No prueban esta denuncia; recuerdan por qué una mayoría debe explicar sus decisiones con documentos y resultados, no únicamente con votos para evitar el debate.







