Trabajadores del Hospital de la Niñez Poblana denunciaron que buscaron diálogo durante más de seis meses sin obtener respuesta de la Secretaría de Salud estatal. La protesta del 12 de noviembre terminó con un acuerdo para incorporarse al IMSS-Bienestar en enero de 2027 y recibir apoyo para uniformes. El reclamo deja bajo escrutinio la gestión sanitaria del gobierno morenista de Alejandro Armenta.
Hospital de la Niñez: la respuesta llegó después del bloqueo
De acuerdo con el reporte presencial de Quadratín Puebla, el personal exigió un aumento salarial de 10%, condiciones de ingreso equiparables a las de otros hospitales y la homologación de prestaciones. Entre las demandas figuraron vacaciones y recursos para uniformes. La afirmación sobre los meses sin respuesta corresponde a los manifestantes; no acredita por sí sola una responsabilidad administrativa sancionada.
El bloqueo afectó el bulevar del Niño Poblano, en San Andrés Cholula, y obligó a desviar vehículos. Pero hay una distinción indispensable: los trabajadores afirmaron que la atención a pacientes continuó. No se trató, según ese testimonio, de un cierre del hospital ni de una suspensión de sus servicios médicos.
La secuencia resulta incómoda para las autoridades: el personal sostiene que agotó durante meses la búsqueda de interlocución, mientras la negociación que produjo compromisos ocurrió tras la presión en la calle. El costo del conflicto también recayó en quienes necesitaban circular por la zona.
Uniformes para 280 trabajadores; otros siguen pendientes
Publimetro documentó el acuerdo: 280 trabajadores recibirán 6 mil pesos cada uno para uniformes, una bolsa de 1 millón 680 mil pesos. También se pactó la incorporación al IMSS-Bienestar a partir de enero de 2027. Después de las negociaciones, el bloqueo fue retirado.
La cobertura de El Sol de Puebla añade un límite relevante: ese primer apoyo comprende al grupo que firmó las peticiones. Otros 475 trabajadores quedaron temporalmente fuera de esa entrega, sujetos a un procedimiento posterior. Esa diferencia obliga a separar el anuncio de una solución que alcance efectivamente a todo el personal.
El mismo medio informó de una reunión prevista para el sábado 14 de noviembre, a las 13:00 horas, para explicar las condiciones de incorporación. Ni esa reunión ni la fecha futura sustituyen la comprobación de que los apoyos se entreguen y las condiciones laborales queden definidas.
El acuerdo no equivale a un aumento salarial concedido
La respuesta disponible es el compromiso alcanzado con las autoridades, no una negativa a negociar después de la movilización. Sin embargo, los reportes consultados no acreditan que se haya autorizado el aumento de 10% exigido. Tampoco permiten dar por completado, en noviembre, un traslado institucional previsto para enero.
La diferencia importa: un apoyo para vestimenta no es un incremento permanente al salario. Y una incorporación anunciada requiere precisar qué ocurrirá con las prestaciones reclamadas. El gobierno estatal y el esquema federal de salud tienen por delante una prueba verificable: cumplir lo pactado, explicar el trato a quienes quedaron pendientes y evitar que otro conflicto vuelva a resolverse a golpe de bloqueo.
El caso se suma al escrutinio de las condiciones laborales del personal médico y de los plazos anunciados en proyectos hospitalarios. Son asuntos distintos, pero comparten una exigencia pública: evaluar resultados y cumplimiento, no dar por resueltos los problemas con el solo anuncio de una fecha.







