Janine Otálora durante un informe del TEPJF. Foto: TEPJF/Wikimedia Commons, CC0. Recorte editorial.
Las preprecampañas de Morena y otros partidos rumbo a las elecciones de 2027 avanzan sin reglas específicas de fiscalización. Janine Otálora, exmagistrada del Tribunal Electoral, advirtió en Ciudad de México que los procesos para designar “coordinadores” o “defensores” operan en una zona paralegal y pueden afectar la equidad, especialmente porque el origen y destino del dinero no se vigilan en tiempo real.
Preprecampañas de Morena operan antes de los plazos legales
Otálora sostuvo que estas contiendas internas funcionan como mecanismos de posicionamiento de eventuales candidaturas antes del periodo formal de precampañas. En una entrevista publicada por La Jornada, señaló que el esquema se ha extendido para definir hasta 17 posibles candidaturas a gubernaturas, además de presidencias municipales y diputaciones federales.
La exintegrante de la Sala Superior recordó que en 2023 fue la única magistrada que votó contra autorizar las llamadas preprecampañas. El Tribunal Electoral permitió entonces esos ejercicios bajo el principio de autodeterminación de los partidos y ordenó al INE emitir lineamientos temporales. Sin embargo, esas reglas se concentraron en registrar los gastos como actividad ordinaria y no quedaron vigentes de forma permanente.
La ausencia de un marco actualizado deja una pregunta central sin respuesta oportuna: quién financia los recorridos, encuestas, propaganda, traslados y eventos de aspirantes que todavía no son legalmente precandidatos. El sitio ya informó que el INE rechazó reglas específicas para fiscalizar las precampañas adelantadas, una decisión que amplió el margen de operación de los partidos antes de los plazos formales.
INE y tribunales dividen la vigilancia electoral
El 30 de septiembre, la Sala Superior confirmó por mayoría que el INE no era competente para resolver dos denuncias contra Morena por presuntos actos anticipados vinculados con sus coordinaciones territoriales. El comunicado oficial del TEPJF señala que los expedientes debían enviarse a los organismos electorales locales porque las conductas estaban relacionadas con elecciones de gubernaturas.
El INE explicó después que la vigilancia se reparte según el tipo de elección: el instituto federal investiga hechos ligados a comicios federales, mientras los organismos estatales atienden los locales. No obstante, el propio INE conserva atribuciones nacionales sobre fiscalización de los partidos y reglas de radio y televisión. Otálora cuestiona que el análisis se fragmente por entidad cuando existe una estrategia sistemática y también habrá elección de diputaciones federales.
La diferencia de criterios no significa que cada acto partidista sea automáticamente ilegal. La discusión jurídica se centra en determinar cuándo una actividad interna se convierte en propaganda electoral anticipada y cómo deben contabilizarse sus costos. En su sesión extraordinaria del 8 de octubre, consejeros del INE advirtieron que revisar esos gastos hasta el segundo semestre de 2027 podría impedir que se incluyeran oportunamente en los topes de precampaña o campaña.
El vacío favorece a quienes empezaron primero
El proceso electoral federal comenzó formalmente el 10 de septiembre y las precampañas arrancarán meses después. Durante ese intervalo, los aspirantes con mayor estructura partidista y acceso a recursos pueden acumular exposición sin enfrentar controles equivalentes a los de una precampaña oficial. La falta de trazabilidad financiera dificulta comparar condiciones entre contendientes y aplicar sanciones antes de que el posicionamiento produzca efectos irreversibles.
Morena ha utilizado la figura de las coordinaciones de defensa de la transformación para ordenar sus procesos internos. Ese método también ha provocado disputas dentro del partido, como las documentadas en el Consejo Nacional de Morena rumbo a 2027. Otros partidos han recurrido a denominaciones semejantes, por lo que una eventual regulación tendría que aplicarse con criterios generales y no sólo al oficialismo.
El señalamiento de Otálora expone un problema de rendición de cuentas: cuando las autoridades revisan el dinero después de la elección, la fiscalización pierde capacidad preventiva. La disputa pendiente no es sólo semántica —coordinador, defensor o aspirante—, sino si esos cargos internos permiten hacer campaña anticipada sin reglas claras sobre gastos, propaganda y uso de recursos públicos.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
