La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, ha declarado que una reforma al Poder Judicial es imprescindible para erradicar la impunidad y la corrupción en México. La senadora de Morena denunció la falta de colaboración del Poder Judicial con las transformaciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como la Cuarta Transformación (4T), y justificó la necesidad de cambios profundos en el sistema judicial.
En un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”, Rivera argumentó que el actual sistema judicial obstruye el progreso democratizador del país. La senadora mencionó casos específicos, como los cambios en materia energética y de la Guardia Nacional, considerados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Rivera se mostró a favor de reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a nueve, y de acortar su periodo de servicio de 15 a 12 años. Además, la legisladora sugirió la eliminación de las dos salas superiores de la Corte, subrayando la importancia de los jueces de distritos locales en la lucha contra la corrupción.
La propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte, asegurando la participación ciudadana en la selección de estos funcionarios sin recurrir a campañas partidistas. Rivera enfatizó que los candidatos presentarían sus propuestas y perfiles profesionales a través de medios oficiales de comunicación.
Asimismo, la reforma sugiere que los candidatos a ministros de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el pleno de la Corte, respetando siempre la paridad de género. También se plantea reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial para evitar la concentración de poder.
En relación con los plazos de resolución de casos, Rivera propuso límites de un año para asuntos penales y seis meses para fiscales, con el objetivo de asegurar una justicia expedita y reducir las demoras que afectan a los sectores más vulnerables.
Respuesta de AMLO a la DEA
El presidente López Obrador respondió a la reciente intromisión de la DEA en el debate sobre la reforma judicial, insistiendo en que México es un país soberano y que las decisiones sobre su sistema judicial corresponden únicamente a los mexicanos. “¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?”, cuestionó el mandatario durante su conferencia matutina.
López Obrador comparó esta intromisión con una hipotética opinión suya sobre el caso de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, destacando la necesidad de respeto y prudencia en las relaciones entre ambos países.
La propuesta de reforma judicial ha generado incertidumbre en los mercados, reflejada en una caída del valor del peso mexicano. A pesar de las controversias, el bloque oficialista se prepara para aprobar esta iniciativa a partir del 1 de septiembre, reafirmando su compromiso con una transformación profunda del sistema judicial del país.