Fachada lateral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: tonyz/Pacowassup, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
El recorte al Poder Judicial dejó sin recursos el incremento salarial de 4.5% y el pago retroactivo reclamados por trabajadores federales. El Órgano de Administración Judicial comunicó al sindicato que no dispone de los 2 mil 500 millones de pesos necesarios, mientras el gremio advirtió movilizaciones. El conflicto importa porque la presión presupuestaria ya alcanza las condiciones laborales y el funcionamiento cotidiano de tribunales.
Recorte al Poder Judicial supera los 15 mil millones
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) informó que Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), confirmó la falta de fondos para cubrir el aumento de 4.5% solicitado para 2026. De acuerdo con el reporte de La Jornada, publicado el 6 de octubre, el OAJ expuso un déficit de 8 mil millones de pesos y calculó en 2 mil 500 millones el costo de la mejora salarial y su retroactivo.
La cifra del déficit procede de la versión sindical sobre la reunión y no ha sido acompañada, hasta ahora, por un desglose público equivalente del OAJ. Lo que sí consta en documentos oficiales es el ajuste aplicado por la Cámara de Diputados: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 redujo el proyecto del Poder Judicial de 85 mil 960.2 millones a 70 mil 5.6 millones de pesos.
La mayor disminución recayó precisamente en el OAJ. Su solicitud pasó de 74 mil 224.4 millones a 59 mil 190.8 millones, un recorte de 15 mil 33.6 millones de pesos. Esa diferencia es seis veces superior al monto que, según el sindicato, requeriría el aumento salarial, aunque no todo recurso recortado puede reasignarse automáticamente a nómina.
Austeridad y cargas laborales chocan en los tribunales
El propio OAJ fijó para 2026 políticas de racionalidad con una meta de ahorro de 533.6 millones de pesos en todo el Poder Judicial, de los cuales 293 millones corresponderían al órgano administrador. El acuerdo publicado en el Diario Oficial ordena contener el gasto operativo y reportar trimestralmente los ahorros y economías generados.
El sindicato sostiene que el ajuste ya tiene consecuencias más allá del salario. Ha reclamado reducción de cargas excesivas, pago de horas extraordinarias, continuidad y basificación de personal, así como atención a denuncias de acoso laboral. También pidió una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y anticipó acciones legales y movilizaciones pacíficas si persiste la falta de respuesta.
El reclamo ocurre mientras el nuevo diseño institucional todavía enfrenta ajustes. Morena ha reconocido pendientes en la reforma judicial, y la Suprema Corte admitió un rezago de mil 479 asuntos. La combinación de expedientes acumulados, vacantes y metas de productividad aumenta el riesgo de que el ahorro termine trasladándose al personal y, por extensión, a los tiempos de resolución para la ciudadanía.
La rendición de cuentas pendiente
El debate no se resuelve únicamente con señalar el recorte aprobado por los diputados. El OAJ debe explicar con datos verificables cómo se integra el déficit de 8 mil millones, qué partidas están comprometidas y por qué no existe margen para una negociación gradual. El sindicato, por su parte, tendría que transparentar el universo de trabajadores beneficiados y el cálculo de los 2 mil 500 millones.
La discusión presupuestaria también exige medir resultados. Si las políticas de austeridad buscan elevar la eficiencia, sus reportes trimestrales deberían permitir conocer cuánto se ahorró, en qué se gastaron las economías y si crecieron los rezagos, las vacantes o las horas extra. Esa información es especialmente relevante ante las críticas por opacidad en el Tribunal de Disciplina Judicial.
Sin ese nivel de detalle, el recorte al Poder Judicial queda atrapado entre dos afirmaciones: una administración que dice no tener recursos y un sindicato que denuncia deterioro laboral. La respuesta pública debe mostrar si la falta de fondos es estructural, resultado del ajuste legislativo o consecuencia de decisiones internas de gasto.
Fotografía de archivo: fachada lateral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autor: tonyz/Pacowassup, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
