Sede del Senado de la República en Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Morena admitió este 7 de octubre de 2026 que la reforma judicial necesita ajustes. Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado, dijo que “la realidad” obliga a revisar el nuevo modelo, aunque negó que la reforma haya fracasado. El reconocimiento abre una discusión relevante: el oficialismo acepta problemas, pero todavía no presenta un diagnóstico público, un calendario ni una lista concreta de correcciones.
Morena admite ajustes a la reforma judicial
Martínez sostuvo que la transformación aprobada en 2024 fue “radical” y “de fondo”, por lo que consideró posible que hayan aparecido errores durante su aplicación. En una entrevista difundida por la Cámara de Senadores, afirmó que los cambios deberían partir de quienes operan el sistema: ministros, magistrados, jueces federales y poderes judiciales estatales.
La declaración no equivale, sin embargo, a una propuesta legislativa terminada. El senador evitó precisar cuáles disposiciones deben modificarse y señaló que primero corresponde escuchar al Poder Judicial. También rechazó que la reforma haya sido un intento para controlar a jueces y tribunales, una acusación sostenida por partidos opositores desde el debate constitucional.
El giro es políticamente significativo porque Morena impulsó la reforma como una solución estructural a los problemas de justicia. Ahora uno de sus principales dirigentes en el Senado reconoce que el diseño requiere correcciones. La Jornada reportó que el PVEM, aliado del oficialismo, también se mostró dispuesto a revisar aspectos perfectibles.
Sin diagnóstico, calendario ni propuesta concreta
La discusión se reactivó después de que los órganos superiores del Poder Judicial entregaron al Ejecutivo una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo. El proyecto plantea ajustes al funcionamiento interno del nuevo sistema, pero Martínez reconoció que todavía no conoce a detalle su contenido.
El Economista documentó que el legislador mantiene la definición de “éxito” para la reforma constitucional y considera que las leyes secundarias pueden corregir lo que no funciona. Esa postura deja una pregunta de rendición de cuentas: si ya existen fallas identificadas, el Senado aún no ha publicado indicadores, responsables ni plazos para medir su corrección.
La falta de detalles también impide saber si los eventuales cambios atenderán únicamente cuestiones administrativas o si alcanzarán problemas de selección, evaluación e independencia de las personas juzgadoras. En abril, legisladores oficialistas ya habían planteado modificar aspectos del sistema y aplazar parte de la elección judicial a 2028, un antecedente de que el modelo sigue en revisión.
El PAN ha sostenido que los ajustes aprobados o propuestos no corrigen los riesgos centrales del modelo. En un pronunciamiento de mayo de 2026, el partido advirtió sobre independencia judicial, profesionalización y certeza jurídica. Se trata de la posición partidista de la oposición, no de una conclusión judicial.
Morena, por su parte, insiste en que la reforma no fue un fracaso y que las correcciones forman parte de su instrumentación. El punto verificable es más acotado: el presidente del Senado ya acepta la necesidad de ajustes, pero el Congreso todavía debe traducir ese reconocimiento en propuestas públicas, debate técnico y mecanismos que permitan evaluar resultados.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
