Fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: ProtoplasmaKid/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; recorte 16:9.
El Tribunal de Disciplina Judicial, creado para vigilar y sancionar a jueces y magistrados federales, llegó a su primer año de operación con una carga cercana a mil quejas mensuales, pero sin publicar cuántos expedientes investiga, cuántas sanciones ha impuesto ni los motivos de sus decisiones. La falta de datos dificulta evaluar si la reforma judicial realmente mejoró la rendición de cuentas.
Tribunal de Disciplina: muchas quejas, pocos datos
La reforma constitucional de 2024 separó las tareas del antiguo Consejo de la Judicatura Federal entre el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). El segundo quedó encargado de investigar faltas administrativas, vigilar el desempeño y sancionar conductas indebidas de las personas juzgadoras.
Sin embargo, una reconstrucción publicada por EL PAÍS el 1 de septiembre, basada en testimonios de personal del Poder Judicial, documentó que al cumplir un año el tribunal todavía no había divulgado el número de investigaciones abiertas, sanciones dictadas, motivos de las resoluciones ni el destino de las quejas recibidas.
El reporte cifra en alrededor de mil las quejas que llegan cada mes. Antes de avanzar, pasan por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que debe determinar si cuentan con elementos. Esa depuración es necesaria para evitar que cualquier inconformidad termine automáticamente en castigo, pero sin estadísticas públicas tampoco es posible conocer cuántos asuntos se desechan, cuántos avanzan ni cuánto tarda el procedimiento.
Rezago judicial y presupuesto traban la evaluación
La carga de trabajo ocurre mientras persiste el rezago: el mismo reporte, con cifras atribuidas al OAJ, señala retrasos en 66% de los asuntos de tribunales de circuito y en 26% de los juzgados de distrito. El TDJ también debe evaluar a los nuevos juzgadores electos y ordenar capacitación cuando detecte deficiencias, una función central de la reforma promovida por Morena.
Fuentes internas atribuyeron parte de la lentitud a la falta de control directo sobre su presupuesto y a una transición en la que el OAJ conservó personal y recursos. Esa explicación da contexto, pero no sustituye la obligación de informar resultados. La Constitución mexicana otorgó al tribunal facultades amplias y estableció que sus decisiones en materia disciplinaria son definitivas; esa fuerza institucional vuelve especialmente relevante que existan criterios verificables, trazabilidad y datos abiertos.
La opacidad contrasta con la promesa del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, quien en su balance anual sostuvo que el nuevo Poder Judicial sería más abierto, austero y sujeto a rendición de cuentas. También afirmó que la independencia judicial se ejercería sin encargos políticos. El contraste entre ese discurso y la ausencia de indicadores públicos debe resolverse con información, no con declaraciones.
La rendición de cuentas no puede ser selectiva
El problema no es menor. Un tribunal con capacidad para suspender, destituir o inhabilitar juzgadores debe mostrar reglas claras para que la disciplina no se convierta en una herramienta discrecional. Publicar estadísticas agregadas no exige revelar expedientes reservados: bastaría informar cuántas quejas recibe, quiénes pueden presentarlas, cuántas se archivan, cuántas derivan en investigación y qué tipos de faltas generan sanciones.
La falta de transparencia se suma a pendientes de justicia que el país arrastra desde hace décadas. Casos como el de Rosendo Radilla y el nuevo informe sobre Ayotzinapa muestran que el rezago y la falta de resultados tienen consecuencias directas para las víctimas. A la vez, los datos oficiales sobre sanciones administrativas por corrupción evidencian por qué importa distinguir entre faltas leves, casos graves y simples quejas.
El Tribunal de Disciplina tiene la oportunidad de despejar dudas con un informe público periódico, metodología de evaluación, criterios de sanción y datos desagregados. Sin esa información, la promesa de corregir abusos y profesionalizar a los jueces queda incompleta: hay un órgano poderoso, una carga considerable de denuncias y muy poca evidencia disponible para medir su eficacia.
Fotografía: ProtoplasmaKid/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recorte a 16:9.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
