El Gobierno federal reforzó la seguridad en Morelos, especialmente en Cuautla y Cuernavaca, después del asesinato de dos alumnos de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y una cadena previa de crímenes contra su comunidad. Claudia Sheinbaum ordenó coordinación con autoridades estatales y universitarias; el anuncio importa porque llega pese a un plan especial que ya operaba y reportaba una reducción de homicidios.
Refuerzo federal en Morelos tras nuevos homicidios
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes 28 de septiembre que aumentó la presencia de fuerzas federales en distintas zonas de Morelos, con atención particular en Cuautla. También pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comunicarse con la gobernadora Margarita González Saravia, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, y representantes estudiantiles para definir medidas adicionales de prevención.
El anuncio siguió al asesinato de Christian Shamed y Gael, alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2 de la UAEM. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Animal Político, los jóvenes fueron atacados a balazos la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista de Cuernavaca. Un tercer adolescente resultó herido y, hasta el reporte de este lunes, no se habían informado detenciones.
Sheinbaum reconoció además un aumento de robos y otros delitos del fuero común en Cuernavaca. Encargó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzar el trabajo en la capital estatal y coordinarse con el gobierno de Morelos. La respuesta oficial incluye diálogo con la comunidad universitaria, pero todavía no detalla cuántos elementos adicionales serán desplegados, durante cuánto tiempo ni qué indicadores públicos medirán el resultado.
Un plan previo que no evitó nuevos ataques
El refuerzo federal en Morelos no parte de cero. Desde abril funciona el Plan Operativo Morelos y existe una estrategia específica para Cuautla. En julio, durante una conferencia en Cuernavaca, el Gobierno federal aseguró que la coordinación había reducido el promedio diario de homicidios en el estado de 3.7 en abril a 1.9. También reportó operativos contra extorsión, recorridos en 46 colonias y una red de protección para comercios.
Esos datos aparecen en la versión estenográfica oficial del 24 de julio. Sin embargo, la caída del promedio estatal no equivale por sí sola a una garantía de seguridad para estudiantes. Los nuevos ataques obligan a revisar si la vigilancia llegó a los trayectos, horarios y zonas de riesgo que utiliza la comunidad universitaria, y si las autoridades compartieron alertas útiles con los planteles.
La crisis ya había escalado tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio asesinada en Cuautla el 12 de septiembre. Este sitio documentó tanto la investigación inicial de la Fiscalía de Morelos como el impacto de un caso en el que las fallas de protección provocaron reclamos internacionales.
La UAEM exige prevención y resultados verificables
La comunidad de la UAEM ha pedido investigaciones exhaustivas y un esquema de seguridad que abarque planteles, espacios universitarios y recorridos cotidianos. En su síntesis informativa del 17 de septiembre, la universidad reunió los reclamos estudiantiles para que el Plan Integral de Seguridad Universitario se aplique en todos los campus y no sólo en algunos puntos.
El desafío para los gobiernos federal y estatal será convertir el nuevo despliegue en acciones comprobables: mapas de riesgo, vigilancia en horarios de entrada y salida, coordinación inmediata con planteles, canales de denuncia funcionales y reportes periódicos sobre investigaciones. La comunicación con la rectora y con estudiantes puede aportar información que no aparece en las estadísticas generales, pero su utilidad dependerá de que produzca decisiones con responsables y plazos.
El refuerzo anunciado responde a una emergencia visible, aunque también deja una pregunta de rendición de cuentas: por qué la estrategia que ya estaba en marcha no logró prevenir una nueva agresión contra alumnos. La prueba no será la cantidad de patrullas enviadas en los primeros días, sino la reducción sostenida de ataques y el avance ministerial de casos que, hasta ahora, han alimentado el miedo y la desconfianza dentro de la universidad.







