Edificio del Senado de la República en Ciudad de México. Foto: Haakon S. Krohn/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (recorte).
La reforma de doble nacionalidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó hacia su declaratoria constitucional después de ser aprobada por el Congreso y por la mayoría de las legislaturas estatales. La medida obligará, desde 2028, a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a renunciar a cualquier otra ciudadanía.
Reforma de doble nacionalidad entrará en vigor en 2028
El cambio modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Su aplicación no alcanzará las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, porque el régimen transitorio fija sus efectos para los procesos iniciados a partir de 2028. Esa diferencia temporal evitó que el nuevo requisito alterara las candidaturas que los partidos ya comenzaron a preparar.
El Senado recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados el 23 de septiembre. Días después, el pleno la aprobó con 86 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, frente a 42 sufragios de la oposición. Tras reunir el respaldo de la mayoría de los congresos locales, el Congreso de la Unión debe emitir la declaratoria formal y remitir el decreto para su publicación.
La regla vigente no prohíbe expresamente que una persona con doble nacionalidad ocupe la Presidencia o una gubernatura. La reforma cambia ese criterio: el aspirante deberá acreditar la renuncia a la ciudadanía extranjera para registrarse. El requisito también alcanza a quien busque encabezar el Gobierno de Ciudad de México.
Soberanía frente a derechos políticos
Sheinbaum defendió la propuesta como una garantía de lealtad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo y como una barrera frente a posibles presiones extranjeras. El argumento se inscribe en la narrativa de soberanía que el Gobierno federal ha reforzado en medio de tensiones con Estados Unidos.
La oposición sostiene que el mecanismo restringe derechos políticos y envía un mensaje de exclusión a millones de mexicanos con una segunda nacionalidad, especialmente integrantes de familias migrantes. El debate no cuestiona la nacionalidad mexicana por nacimiento, sino la condición adicional que deberán abandonar quienes aspiren a los cargos ejecutivos señalados.
Un reporte de Reuters recogió críticas sobre la velocidad del trámite y señalamientos de que la medida podría utilizarse contra adversarios políticos. La Presidencia rechaza esa lectura y sostiene que la obligación es general. El empresario Ricardo Salinas Pliego, mencionado por críticos como posible destinatario, afirmó esta semana que no tiene doble ciudadanía; Reuters señaló que no pudo verificar de forma independiente ese dato.
El efecto político rebasa la oposición
La restricción también puede alcanzar a cuadros del oficialismo y sus aliados con otra nacionalidad. Por ello, el costo político no se limita a los partidos opositores: Morena y sus socios deberán revisar el perfil jurídico de futuros aspirantes rumbo a 2030.
La discusión central será si el objetivo de blindar la soberanía justifica limitar el derecho a competir de mexicanos que también poseen otra nacionalidad. La reforma ya tiene respaldo legislativo suficiente; el siguiente paso formal será su declaratoria y publicación, mientras sus efectos electorales quedarán diferidos hasta 2028.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
