Llamada entrante en un teléfono celular. Foto: cottonbro studio / Pexels.
El Senado de la República aprobó este 7 de octubre una reforma para sancionar el acoso telefónico comercial con multas de hasta 2.3 millones de pesos. La votación fue unánime entre los 96 senadores presentes, pero el cambio todavía no protege de inmediato a los usuarios: el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y aún debe completar el proceso legislativo.
Multas por acoso telefónico comercial
El dictamen modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta prohíbe que proveedores y empresas contacten de manera reiterada y persistente, por llamadas telefónicas u otros medios no autorizados, con fines comerciales o publicitarios cuando la persona no haya dado su consentimiento o ya haya expresado que no quiere recibir esos mensajes.
La sanción prevista va de 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728.71 pesos. El salto es considerable frente a la multa de 733.04 pesos que, de acuerdo con N+, podía aplicarse hasta ahora. La intención declarada por las comisiones es que el castigo deje de ser un costo menor para las compañías y tenga un efecto disuasorio real.
El Canal del Congreso informó que el proyecto también hace corresponsable al proveedor cuando contrata a un tercero para realizar la publicidad. Esa precisión intenta cerrar una vía habitual de evasión: atribuir las llamadas a centros externos y deslindarse del uso de los datos personales.
La reforma todavía no entra en vigor
La aprobación en el Senado no equivale a una ley vigente. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, que puede aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. Si obtiene el aval de San Lázaro y concluye las etapas constitucionales, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ese punto es clave para no crear una expectativa falsa. Por ahora, las personas continúan dependiendo de los mecanismos existentes para excluirse de publicidad y denunciar contactos no solicitados. El dictamen reconoce, de hecho, que el problema no es solamente la falta de registros, sino la ausencia de consecuencias suficientemente fuertes cuando las empresas ignoran la negativa del consumidor.
La autora de la iniciativa, la senadora panista Mayuli Martínez Simón, sostuvo que el objetivo es dar a las personas control efectivo sobre sus datos y evitar que tengan que repetir su rechazo una y otra vez. Su grupo parlamentario reportó 96 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El reto será aplicar las sanciones
El Senado citó estimaciones según las cuales México se encuentra entre los cinco países con más llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 contactos de spam por usuario al mes. Además de la molestia cotidiana, ese volumen puede aumentar la exposición a fraudes y estafas, porque dificulta distinguir una promoción legítima de un intento de engaño.
La eficacia de la reforma dependerá de cómo se acrediten las llamadas reiteradas, de la capacidad de la Procuraduría Federal del Consumidor para investigar y sancionar, y de que las empresas consulten y respeten la decisión de los usuarios. Multas más altas no bastarán si los expedientes no avanzan o si no existe trazabilidad sobre quién obtuvo y utilizó los números telefónicos.
El debate se suma a otras modificaciones legales que han obligado al Congreso a precisar su alcance antes de producir efectos, como la reforma de derechos de autor y su debate sobre censura y los recientes ajustes de Morena a la reforma judicial. En este caso, el siguiente filtro será la Cámara de Diputados; sólo después podrá evaluarse si el nuevo régimen reduce las llamadas o queda en una promesa legislativa.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
