La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado su intención de reducir el presupuesto destinado a la elección de jueces, magistrados y ministros a nivel local, estatal y nacional. Ante la aprobación de un presupuesto precautorio superior a 13 mil millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum criticó la elevada cifra asignada al proceso y aseguró que continuará exigiendo medidas para abaratar este ejercicio democrático.
“Vamos a seguir insistiendo”, enfatizó la mandataria, al destacar que el costo proyectado por el INE resulta excesivo y poco justificable. Argumentó que, a diferencia de las elecciones convencionales para cargos públicos, donde los candidatos reciben financiamiento público para sus campañas proselitistas, en esta ocasión, los aspirantes a los cargos judiciales deben asumir por cuenta propia los gastos de su postulación. Este hecho, insistió, debería repercutir en un presupuesto considerablemente más bajo.
Presupuesto aprobado y justificación del INE
El Consejo General del INE, presidido por Guadalupe Taddei, aprobó en una sesión virtual un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos destinado a organizar la elección judicial. Taddei explicó que la instalación de más de 170 mil casillas a lo largo del país y la falta de definición del marco geográfico electoral son factores que justifican el alto costo. Además, se prevé un presupuesto adicional de 15 mil 295 millones de pesos para la operación ordinaria del INE, que incluye gastos en salarios, pagos a proveedores, servicios básicos y proyectos institucionales.
El proceso electoral en cuestión representa un reto organizativo sin precedentes en México, ya que implicará la elección de 896 cargos en el Poder Judicial de la Federación. La logística se complica aún más debido a la falta de claridad sobre cuántos de estos cargos serán electos a nivel estatal o por circuito, dado que el mapa electoral no coincide con el habitual para elecciones populares.
Críticas a los costos de la democracia
Sheinbaum defendió su postura al afirmar que “no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México”. Enfatizó que la Secretaría de Gobernación establecerá comunicación con el INE para discutir formas de optimizar y reducir los recursos asignados. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre qué conceptos específicos del presupuesto podrían ser recortados.
La presidenta recalcó que la reducción del presupuesto no depende de la Secretaría de Hacienda, sino que es una responsabilidad directa del INE. “Hay manera de reducir los costos”, subrayó, reiterando su compromiso de buscar soluciones mediante el diálogo. La falta de financiamiento público para partidos políticos en esta elección, según Sheinbaum, debería facilitar una disminución en los recursos destinados.
Escenarios inciertos y amparos legales
La aprobación del presupuesto del INE fue catalogada como precautoria, ya que la organización de la elección se encuentra en un contexto incierto. Existen amparos interpuestos por jueces que podrían frenar el desarrollo del proceso, lo que añade un nivel de complejidad a la planeación y ejecución del evento electoral.
La consejera presidenta del INE insistió en que, pese a las críticas, es fundamental garantizar la correcta organización de la elección judicial, argumentando que el costo no solo cubre la instalación de las casillas, sino también una infraestructura compleja para asegurar la legalidad y transparencia del proceso.
Contexto comparativo y desafíos
Históricamente, los ciudadanos mexicanos han votado simultáneamente por múltiples cargos, como la presidencia de la República, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Sin embargo, la magnitud de esta nueva elección judicial introduce un desafío sin precedente. Las 896 posiciones en disputa y la complejidad de delinear un mapa electoral específico hacen que el proceso sea más complejo de organizar.
La postura de Sheinbaum ha generado un amplio debate sobre la viabilidad de reducir los costos y el impacto de dichos ajustes en la calidad democrática de la elección. Por ahora, el diálogo y las negociaciones entre el INE y el gobierno federal serán cruciales para definir el curso que tomará este proceso electoral y si se lograrán los objetivos de optimización presupuestal planteados por la presidenta.