Gobierno boliviano reafirma que las órdenes judiciales contra Evo Morales deben cumplirse sin excepciones.
La captura de Evo Morales fue ratificada como una prioridad por el Gobierno de Bolivia, que aseguró que las órdenes emitidas por la Justicia deben ejecutarse sin excepciones. La administración boliviana sostuvo que ninguna persona está por encima de la ley y reiteró que las resoluciones judiciales son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones responsables de hacerlas efectivas.
Reafirman prioridad de la orden judicial
El Gobierno de Bolivia afirmó este lunes que la captura de Evo Morales constituye una tarea prioritaria para el Estado. La postura oficial fue difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno. El pronunciamiento también fue respaldado por el ministro Marco Antonio Oviedo. La declaración surgió después de que el comandante nacional de la Policía, general Mirko Sokol, señalara que la aprehensión del ex mandatario no ocupaba el primer lugar entre las tareas de la institución.
En el comunicado, el Ministerio de Gobierno sostuvo que las decisiones de las autoridades judiciales son de cumplimiento obligatorio. También indicó que todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley deben ejecutar esas resoluciones. Además, afirmó que la aprehensión de Evo Morales constituye una tarea prioritaria para el Gobierno. El documento añadió que ninguna persona se encuentra por encima de la ley.
Horas antes, el general Mirko Sokol explicó durante una entrevista televisiva que la Policía mantiene unas 18 mil órdenes de captura pendientes. Señaló que la institución debe atender múltiples requerimientos judiciales. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos entre dirigentes oficialistas y sectores de la oposición. Ambos consideraron que esas afirmaciones restaban importancia a un caso que involucra a un ex jefe de Estado con dos mandatos de detención vigentes.
El presidente Rodrigo Paz ya había adelantado la semana pasada la posición de su administración. El mandatario aseguró que Evo Morales deberá presentarse ante la Justicia porque tiene que responder por los procesos abiertos en su contra. Esa declaración ocurrió mientras avanzan las investigaciones penales contra el ex gobernante. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde conserva una sólida base sindical y política.
Dos órdenes de captura permanecen vigentes
La primera orden de captura contra Evo Morales corresponde a un proceso por trata agravada de personas. La investigación se centra en una presunta relación con una menor de edad. Según la acusación, habría tenido una hija con ella en 2016, cuando ejercía la Presidencia. El ex mandatario rechaza esos señalamientos. También sostiene que el proceso responde a una persecución política.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Evo Morales. La decisión fue tomada después de que no asistiera al inicio del juicio oral. Como parte de esa resolución, la autoridad judicial emitió una nueva orden para su aprehensión. Desde entonces, las autoridades no han logrado ejecutar el mandato debido a la protección brindada por centenares de simpatizantes en su principal bastión político.
La semana pasada se sumó una segunda orden de captura. En esta ocasión, la Fiscalía investiga al ex mandatario por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. La causa está relacionada con los bloqueos de carreteras y las protestas registradas entre mayo y junio. El expediente también incluye a otros dirigentes sindicales.
Persisten las dificultades para ejecutar la captura
Durante siete semanas, organizaciones campesinas y sectores afines al ex mandatario realizaron movilizaciones en distintos puntos del país. Los bloqueos afectaron principalmente al occidente y al centro de Bolivia. Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. También solicitaban la convocatoria a nuevas elecciones.
De acuerdo con datos oficiales, los bloqueos ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. El Gobierno informó además que las pérdidas económicas superaron los 3 mil millones de dólares. Las autoridades señalaron que los conflictos dejaron al menos 16 fallecidos. De ese total, 13 personas murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías. La crisis concluyó tras acuerdos con algunos sectores movilizados y la declaración del estado de excepción el 20 de junio.
Las autoridades reconocen que ejecutar la captura de Evo Morales representa una operación de alto riesgo. El ex mandatario permanece rodeado por seguidores que mantienen vigilancia permanente. Además, han manifestado públicamente que impedirán su arresto.
Mientras tanto, Evo Morales continúa realizando actividades públicas desde el Trópico de Cochabamba. En los últimos días aseguró que demostrará su inocencia respecto a los delitos que se le atribuyen. También afirmó que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las protestas para ocultar la crisis que atraviesa el país.
El ex mandatario reiteró además que no abandonará la región donde permanece desde hace casi dos años. Asimismo, negó haber impulsado acciones destinadas a forzar la salida del presidente Rodrigo Paz.
