Archivo. Foto: Cámara de Diputados, vía Infobae, 31 de octubre de 2026. Fecha de toma no precisada por la fuente.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, exigió el 30 de octubre investigar penalmente a Guadalupe Taddei y reclamó que vaya a prisión por las presuntas irregularidades en contrataciones del INE. El planteamiento se produjo en San Lázaro durante la revisión del trabajo del órgano interno de control, cuyos procedimientos todavía requieren resoluciones de las autoridades competentes.
Ramírez Cuéllar eleva la exigencia política
De acuerdo con La Jornada, el legislador sostuvo que los hallazgos de fiscalización constituyen indicios que ameritan castigo y pidió ampliar la revisión de la red de proveedores de materiales electorales. También propuso reuniones con autoridades de competencia económica y fiscales.
Esas expresiones representan la postura de un diputado de la mayoría, no una sentencia ni una orden de aprehensión. La exigencia de prisión no acredita por sí misma responsabilidad penal de la expresidenta del instituto. Corresponde a las autoridades investigadoras y judiciales determinar si existen elementos suficientes y resolver cada caso.
El Diario de México reportó también el llamado de Ramírez Cuéllar para que la Fiscalía General de la República actúe de oficio. La cobertura consultada documenta esa solicitud política; no permite afirmar que la FGR haya abierto una carpeta contra Taddei como consecuencia de ella.
El órgano de control fija límites a lo que puede revelar
El titular del OIC distinguió además las atribuciones del órgano interno y las del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El primero investiga y tramita procedimientos; las faltas graves requieren la intervención del tribunal para su determinación y sanción. Esa separación impide equiparar un expediente administrativo con una condena penal.
El mismo documento registra que Ramírez Cuéllar solicitó convocar a la autoridad de competencia para examinar la posible colusión entre proveedores. La relevancia de esa propuesta está en comprobar cómo se adjudicaron contratos y si hubo competencia efectiva, no en dar por probada una red delictiva antes de revisar la evidencia.
La responsabilidad política también está en discusión
La Jornada recogió reclamos de diputados opositores al órgano fiscalizador por no haber advertido antes las anomalías. También cuestionaron decisiones respaldadas por Morena que concentraron facultades de nombramiento en la presidencia del INE. Según el mismo reporte, Morena respondió que las prácticas cuestionadas se remontan a la creación del INE en 2014 e incluso a años anteriores. Son posiciones políticas que deben distinguirse de las responsabilidades individuales que determinen los expedientes.
No se localizó en las fuentes citadas una respuesta directa de Taddei a la exigencia formulada ese día por Ramírez Cuéllar. Esa ausencia no constituye aceptación de los señalamientos. Tampoco debe atribuirse afiliación partidista a una autoridad electoral sólo por las posiciones que otros actores adopten sobre su gestión.
El siguiente punto verificable será conocer actuaciones formales, resoluciones y respuestas de los señalados. Una demanda de castigo puede elevar la presión pública, pero la rendición de cuentas exige documentar resultados y respetar las garantías procesales, incluso cuando el reclamo provenga del partido gobernante.
Fotografía de archivo de Alfonso Ramírez Cuéllar en la Cámara de Diputados. Crédito: Cámara de Diputados, vía Infobae, publicación del 31 de octubre de 2026. La fuente no precisa la fecha de la toma; no corresponde necesariamente a la comparecencia aquí descrita.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
