La Auditoría Superior de la Federación anunció este 4 de noviembre una ampliación de sus investigaciones sobre contratos del INE, del desaparecido IFE y de los organismos electorales locales. La revisión histórica abarcará de 2000 a 2025. El nuevo alcance aumenta el escrutinio sobre las compras electorales, aunque el anuncio no constituye una resolución que pruebe corrupción o responsabilidades individuales.
Contratos del INE bajo tres líneas de revisión
De acuerdo con el comunicado de la ASF reproducido por Uno TV, la institución abrió tres rutas de trabajo. La primera comprende investigaciones de oficio sobre las contrataciones del INE, su antecesor y los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLE.
La segunda consiste en estudiar los contratos del periodo 2000–2025 para buscar patrones de concentración y posibles esquemas ilícitos entre empresas y servidores públicos. La tercera será una auditoría integral al INE y al total del gasto federalizado ejercido por los organismos locales. Son líneas anunciadas de investigación, no resultados definitivos de auditoría.
El Economista también reportó este miércoles la ampliación y la vinculó con los indicios identificados por las áreas de inteligencia de la ASF. La revisión histórica rebasa la administración actual de Guadalupe Taddei: comprende ejercicios del antiguo IFE y de distintas dirigencias del organismo electoral nacional.
Qué cambia frente a la denuncia anunciada
La novedad es el alcance temporal e institucional de la revisión. No debe confundirse con la preparación de una denuncia ante la FGR por asuntos de la gestión de Taddei, informada previamente. Una denuncia y una auditoría pueden examinar hechos relacionados, pero no equivalen a una sentencia ni permiten atribuir automáticamente responsabilidad a una persona.
La cobertura de El Informador sitúa la ampliación después de los llamados públicos a investigar las presuntas irregularidades. El elemento verificable del anuncio de hoy es la apertura de esas rutas de fiscalización; no una determinación judicial sobre los contratos o sus beneficiarios.
El seguimiento deberá distinguir los contratos revisados, las observaciones que eventualmente se formulen y las aclaraciones o procedimientos derivados de ellas. Sin esos resultados, no es válido presentar el conjunto de compras de 2000 a 2025 como operaciones ilegales. Tampoco atribuir a la presidencia actual decisiones tomadas en administraciones anteriores.
Taddei ofreció colaboración y pidió debido proceso
En una respuesta institucional previa, publicada el 24 de octubre por el INE, la presidencia encabezada por Taddei expresó respaldo a la investigación de la ASF y disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras. Ese pronunciamiento antecede a la ampliación anunciada este miércoles y no debe presentarse como una respuesta nueva.
El instituto señaló entonces que había solicitado revisar licitaciones, que aportaría información y que respetaría la presunción de inocencia y el debido proceso. También anunció un micrositio de información. El comunicado, por sí solo, no demuestra que ese espacio ya estuviera disponible ni que las investigaciones hubieran concluido.
La fiscalización ocurre mientras el organismo enfrenta otras decisiones sujetas a escrutinio, como la revisión de perfiles para consejerías locales. Son expedientes distintos. En el caso de las contrataciones, la rendición de cuentas exige conocer los hallazgos y las respuestas documentales, sin sustituirlos por acusaciones generales.
Fotografía de archivo: Guadalupe Taddei en una imagen difundida por INE/Central Electoral el 24 de octubre de 2026; la fecha de toma no está especificada. No documenta las presuntas irregularidades. Crédito: INE. Recorte horizontal.







