Raquel Buenrostro durante la presentación del gabinete en 2024. Foto: EneasMx / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Recorte horizontal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó 4 mil 193 sanciones anticorrupción contra servidores públicos durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum. El dato exhibe un matiz relevante: 3 mil 528 casos, equivalentes a 84%, correspondieron a faltas no graves, mientras 665 fueron clasificados como graves. El balance importa porque permite medir no sólo el volumen de expedientes, sino su alcance real.
Sanciones anticorrupción: predominan las faltas no graves
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, presentó este martes 22 de septiembre el informe en Palacio Nacional. Según el desglose difundido por Animal Político, las conductas detectadas incluyeron pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, compras sin justificación, documentos falsificados y casos de hostigamiento o acoso sexual.
La proporción obliga a leer con cautela el total anunciado. Que 84% de las sanciones corresponda a faltas no graves no significa que sean irrelevantes, pero sí distingue esos casos de los que pueden implicar responsabilidades de mayor alcance. La propia secretaría informó que remitió mil 737 expedientes de posibles faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 87 personas ya fueron notificadas de una sanción y mil 650 casos seguían en trámite.
La etapa procesal también importa. Una sanción administrativa, una remisión al tribunal, una vinculación a proceso penal y una sentencia definitiva son resultados jurídicos distintos. Esa diferencia es clave para evitar que las cifras de expedientes abiertos sean presentadas como condenas concluidas, una exigencia de precisión similar a la que acompaña otros procesos de rendición de cuentas y acceso a la justicia.
De 517 denuncias, 53 llegaron a vinculación
Buenrostro señaló que la secretaría presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República por hechos que podrían constituir delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, fraude, peculado, uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De ese universo, 53 personas fueron vinculadas a proceso, de acuerdo con el reporte de El Sol de México.
La cifra equivale a poco más de una de cada diez denuncias, aunque no permite por sí sola concluir que el resto fue desechado: pueden existir investigaciones abiertas, expedientes en integración o casos todavía sin resolución judicial. La vinculación tampoco equivale a culpabilidad y las personas señaladas conservan la presunción de inocencia.
En paralelo, la dependencia reportó sanciones a 286 empresas o particulares relacionados con contrataciones públicas. De ellos, 222 recibieron inhabilitación y multa, mientras 64 fueron multados. Las sanciones económicas sumaron 147.3 millones de pesos. Entre las irregularidades mencionadas están documentos falsos, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés.
El gobierno atribuye ahorros por 83.8 mil millones
El Ejecutivo aseguró que las tareas de prevención y control protegieron 83.8 mil millones de pesos: 42.2 mil millones por seguimiento de contratos, 29 mil millones mediante compras públicas, 7.8 mil millones por reorganización gubernamental y 4.8 mil millones vinculados con sanciones. El País recogió ese desglose.
Esos montos deben entenderse como recursos que el gobierno afirma haber protegido o evitado gastar, no necesariamente como dinero recuperado y depositado en caja. Para evaluar el resultado será indispensable contar con metodologías públicas, contratos identificables y revisiones independientes que permitan comprobar cada rubro. La transparencia documental es particularmente relevante ante antecedentes nacionales de casos que han requerido años de litigio y seguimiento, como el caso Rosendo Radilla.
El balance oficial ofrece indicadores útiles, pero también deja una agenda de verificación: cuánto concluyen los procedimientos graves, cuántas denuncias terminan en sentencias y qué parte de los ahorros puede ser auditada. Sin esas respuestas, el volumen de sanciones anticorrupción muestra actividad institucional, aunque todavía no basta para medir impunidad reducida.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
