Militares de Estados Unidos caminan hacia helicópteros durante un entrenamiento de la 101 División AerotransportadaSoldados de la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos durante entrenamiento en Fort Campbell, Kentucky, el 24 de agosto de 2026. Foto: Staff Sgt. Joshua Veasley / U.S. Army / DVIDS (dominio público).

El decreto que autoriza el ingreso armado de 139 militares de EU fue publicado el 25 de septiembre, cuando el ejercicio conjunto en Santa Gertrudis, Chihuahua, ya llevaba cinco días en marcha. El Senado había aprobado la solicitud el día 15, pero la publicación tardía en el Diario Oficial redujo el margen para que la ciudadanía conociera oportunamente los términos de una cooperación militar sensible.

Militares de EU: autorización pública después del inicio

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir el ingreso de 139 efectivos extranjeros para el “Ejercicio Especializado Conjunto”, programado del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis.

La secuencia de fechas es el punto que exige explicación. El Senado avaló la solicitud el 15 de septiembre con 75 votos a favor; los militares tenían previsto entrar el día 20; y el decreto apareció en el DOF hasta el 25. La aprobación legislativa ocurrió antes del despliegue, por lo que no puede afirmarse que el ejercicio careciera de autorización senatorial. Sin embargo, la formalización pública llegó cuando la actividad ya estaba en curso.

La Constitución faculta al Senado para permitir la entrada de tropas extranjeras. Esa atribución busca mantener control civil y publicidad sobre decisiones que afectan soberanía y seguridad nacional. En este caso, la demora del Ejecutivo para publicar el decreto vuelve pertinente preguntar cuándo ingresó exactamente el contingente, qué actividades ya había realizado al momento de la publicación y por qué el acto no apareció antes en el diario oficial.

Qué harán los 139 efectivos en Chihuahua

Los participantes pertenecen a la 101 División Aerotransportada del Ejército estadounidense y entraron con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de ese país. De acuerdo con la información difundida por el Senado y recogida por Spectrum Noticias, el objetivo es fortalecer capacidades operativas mediante planeación y ejecución de operaciones militares.

La Cámara alta sostuvo que la actividad se desarrollaría con respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación. Ese lenguaje coincide con la postura que México expuso recientemente ante Naciones Unidas, donde defendió la colaboración internacional sin renunciar a su autonomía, como se documentó en la nota sobre la respuesta mexicana a los señalamientos de Donald Trump.

El ejercicio no es un hecho aislado. EL PAÍS reportó que se trata de la cuarta autorización de este tipo en 2026 y la primera del año para un grupo superior a cien efectivos. En 2025 ya habían participado 120 militares estadounidenses en un adiestramiento similar en Santa Gertrudis.

La cooperación militar requiere trazabilidad pública

La relación de seguridad con Estados Unidos atraviesa un momento de presión bilateral. Washington ha cuestionado los resultados mexicanos contra los cárteles, mientras el Gobierno federal insiste en una cooperación sin intervención. En ese contexto, un contingente armado de esta magnitud requiere algo más que un decreto: necesita información verificable sobre objetivos, mando, reglas de actuación, duración y resultados.

La transparencia importa también porque otras instituciones federales enfrentan cuestionamientos sobre la oportunidad y precisión de sus anuncios. La reciente destitución de un delegado de la FGR por anomalías en un decomiso mostró el costo de comunicar operaciones antes de cerrar verificaciones. A su vez, el aplazamiento del informe sobre Ayotzinapa volvió a colocar en el centro la obligación de informar a tiempo.

El decreto identifica número de efectivos, sede y periodo, pero no detalla en su título público los protocolos de uso de armamento ni los productos concretos que deberán entregarse al concluir el ejercicio. El Senado explicó su propósito general; corresponde ahora a Defensa y a la Presidencia publicar un balance que permita evaluar qué se hizo, bajo qué controles y con qué beneficios para México.

La cooperación militar puede ser legal y útil sin quedar exenta de vigilancia. La demora de cinco días en publicar el decreto no cancela la autorización previa del Senado, pero sí debilitó la publicidad oportuna de una decisión soberana. La rendición de cuentas empieza por aclarar la cronología completa y evitar que futuros ejercicios comiencen antes de que la autorización sea plenamente accesible para el público.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.