El Gobierno federal informó este miércoles que ha realizado más de 24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2,183 municipios. La cifra fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente como uno de sus principales resultados, pero su utilidad para la rendición de cuentas dependerá de publicar costos, ubicación, avance físico y mejoras verificables en el servicio.
24 mil obras de agua, una cifra que necesita desglose
Durante la conferencia presidencial del 30 de septiembre, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyó el dato dentro del balance ambiental del Gobierno. El resumen de la conferencia publicado por El Informador también refiere la recuperación del río Tijuana y los trabajos de saneamiento en los ríos Atoyac, Lerma y Tula.
La magnitud del anuncio es relevante: 2,183 municipios representan más de cuatro quintas partes de los municipios y demarcaciones territoriales del país. Sin embargo, una obra puede abarcar desde una ampliación de red hasta una planta de tratamiento o una intervención menor. En el balance expuesto no se presentó un padrón que permita identificar cuántos proyectos están terminados, cuáles siguen en ejecución, cuánto costó cada uno ni a cuántas personas benefician.
Ese desglose es indispensable porque el número de obras, por sí solo, no prueba una mejora sostenida. Los indicadores que permitirían medir impacto incluyen horas de suministro, continuidad del servicio, calidad del agua, reducción de fugas, volumen tratado y disminución de descargas contaminantes. La Comisión Nacional del Agua concentra información de programas, comunicados y trámites, pero el seguimiento ciudadano requiere una base integrada y comparable por municipio.
El saneamiento de ríos exige resultados medibles
El Gobierno colocó como prioridades los ríos Atoyac, Lerma y Tula, tres cuencas con décadas de contaminación industrial, urbana y agrícola. La limpieza de 14 mil toneladas de residuos en ríos, mares y costas, otra cifra presentada por Bárcena, muestra actividad operativa; no sustituye las mediciones de calidad del agua antes y después de cada intervención.
Para evaluar el saneamiento se necesitan series públicas sobre demanda bioquímica de oxígeno, metales pesados, bacterias, descargas inspeccionadas y plantas de tratamiento efectivamente operativas. También debe distinguirse entre basura retirada, infraestructura construida y recuperación ecológica. Son etapas relacionadas, pero no equivalentes.
La experiencia de proyectos locales ilustra esa diferencia. En Yucatán, el respaldo federal a infraestructura hídrica dejó pendientes sobre la mezcla de recursos y los calendarios por obra, como documentó Enrique Muñoz News. El mismo estándar debería aplicarse al balance nacional: metas, fechas, presupuesto y responsables identificables.
Más presupuesto hídrico, mayor obligación de transparencia
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2027 aumenta los recursos ambientales vinculados con operación, suministro e infraestructura hídrica, mientras el anexo climático total disminuye en 50 mil millones de pesos. El contraste ya fue analizado en el seguimiento al presupuesto climático y obliga a explicar qué parte del gasto será inversión nueva, mantenimiento u operación.
Una revisión de EL PAÍS sobre el paquete económico señala que la mayor parte del aumento de Semarnat se relaciona con gestión e infraestructura de agua. Eso vuelve todavía más importante que Conagua y la Secretaría de Hacienda vinculen cada peso con obras y resultados.
El Banco Interamericano de Desarrollo plantea que las políticas de agua deben enfocarse no sólo en infraestructura, sino en servicios sostenibles, eficientes y de calidad. Bajo ese criterio, el balance federal debe pasar del conteo de obras a la comprobación de mejoras. Publicar un padrón abierto de las 24 mil intervenciones permitiría verificar el anuncio, detectar rezagos y saber si la inversión llegó a las comunidades con mayores carencias.







