El Gobierno de México pedirá a Interpol explicar por qué retiró las fichas rojas de la conductora Inés Gómez Mont y del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos requeridos por la justicia mexicana. La medida limita una herramienta de localización internacional, pero no cancela las órdenes de aprehensión nacionales ni resuelve los procesos de extradición que siguen abiertos en Estados Unidos.
Qué implica retirar las fichas rojas de Interpol
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 30 de septiembre que su administración recibió la notificación sobre el retiro y solicitará una explicación formal. EL PAÍS reportó que el Gobierno insistirá en que ambos sean presentados ante autoridades mexicanas.
Una ficha roja no es una sentencia ni una orden de captura internacional automática. Interpol la define como una solicitud a policías de distintos países para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita su extradición o entrega. Cada Estado decide cómo actuar de acuerdo con su propia legislación.
Por eso, retirar la notificación reduce la difusión policial global del caso, pero no extingue por sí mismo los mandamientos judiciales mexicanos. Tampoco equivale a una declaración de inocencia. Interpol no ha publicado una explicación específica y la Presidencia no detalló si la decisión respondió a una revisión de datos, una impugnación o requisitos procesales.
Órdenes en México y extradición en Estados Unidos
En 2021, el Instituto Nacional de Migración informó que Interpol había emitido las fichas a petición de la Fiscalía General de la República. La investigación estaba relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos fiscales. Las personas señaladas conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.
La FGR señaló en julio de 2026 que Álvarez Puga había sido detenido con fines migratorios en Estados Unidos en septiembre de 2025 y que su siguiente audiencia estaba prevista para noviembre de 2026. Sobre Gómez Mont, indicó que presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición y trabajaba en completar la petición formal requerida por el Departamento de Justicia estadounidense.
El expediente también ha tenido reveses administrativos. En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, por orden judicial, retiró a la pareja de su lista de personas bloqueadas. Aquella resolución financiera tampoco canceló las órdenes penales.
La rendición de cuentas que falta
La controversia exhibe una brecha de información: México sostiene que sus órdenes siguen vigentes, mientras Interpol retiró el mecanismo de cooperación sin explicar públicamente la razón. Para evaluar responsabilidades, la FGR tendría que transparentar el estado exacto de cada solicitud, los plazos cumplidos y si subsanó los requisitos exigidos por autoridades estadounidenses, sin vulnerar el debido proceso.
El caso se inserta en un sistema de justicia bajo presión, con un rezago reconocido por la Suprema Corte y denuncias sobre la independencia del nuevo esquema disciplinario, como la del juez Sergio Sigales. También ocurre mientras México enfrenta mayor escrutinio internacional sobre redes financieras, reflejado en las recientes sanciones estadounidenses contra Carlos Torres.
La respuesta oficial es solicitar una revisión y mantener la vía de extradición. La prueba de eficacia será concreta: que las órdenes nacionales estén sólidamente sustentadas, que las solicitudes internacionales cumplan los requisitos y que cualquier decisión de Interpol pueda explicarse con datos verificables, no sólo con reclamos políticos.







