Vista aérea del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0. Imagen redimensionada.
La reforma judicial mexicana abrió una nueva fractura internacional: la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) durante su asamblea en Lisboa, después de cuestionar su respaldo a la elección popular de jueces. La decisión importa porque deja sin representación en ese organismo a la asociación que agrupa a los poderes judiciales estatales.
Reforma judicial provoca expulsión de CONATRIB
La decisión se tomó en la reunión anual de la UIM celebrada en Portugal. De acuerdo con el reporte de El País, la exclusión recibió 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. El señalamiento central fue que CONATRIB apoyó un modelo de selección de personas juzgadoras que la organización internacional considera incompatible con la independencia judicial y con sus principios apartidistas.
La sanción es institucional, no diplomática: la UIM no expulsó a México ni tiene facultades para modificar la Constitución o las decisiones de los tribunales mexicanos. La medida afecta únicamente a CONATRIB como asociación integrante, pero exhibe el costo internacional de haber acompañado una reforma que sustituyó nombramientos por mecanismos de elección popular.
Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de CONATRIB, defendió la permanencia de la delegación, pero sus argumentos no revirtieron la votación, según el mismo reporte. El medio indicó que buscó una respuesta del magistrado y de la comisión tras la decisión, sin obtenerla al cierre de su información.
El respaldo que detonó el conflicto
La posición de CONATRIB no fue ambigua. En junio de 2024, la propia comisión publicó un pronunciamiento oficial en el que Guerra calificó de indispensable la reforma del Poder Judicial y respaldó el voto directo para ministros, además de una aplicación escalonada para jueces y magistrados.
Ese apoyo provocó una tensión creciente con la UIM. Animal Político documentó que la presidencia de la organización internacional advirtió desde agosto de 2024 que la elección popular podía debilitar criterios de mérito, permanencia e independencia. CONATRIB sostuvo posteriormente que la reforma expresaba la soberanía popular y afirmó que su participación en el debate había contribuido a una instrumentación gradual.
La UIM admite una sola delegación por país. La salida de CONATRIB abre así la posibilidad de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), organización crítica de la reforma, solicite ocupar la representación mexicana. Ese relevo no es automático y dependerá del procedimiento interno del organismo.
El episodio profundiza la división entre asociaciones judiciales mexicanas: una respaldó el rediseño constitucional y otra ha denunciado riesgos para la carrera judicial. También convierte una disputa nacional en un problema de credibilidad ante pares extranjeros, aunque sin efectos jurídicos directos sobre las elecciones judiciales o las resoluciones de los tribunales.
La consecuencia inmediata es política y reputacional. CONATRIB deberá explicar si impugnará la determinación, si modificará su posición o si buscará otra vía de interlocución internacional. Hasta entonces, la expulsión deja una conclusión verificable: el respaldo institucional a la reforma judicial tuvo un costo concreto fuera del país y acentuó la pugna por quién habla en nombre de la judicatura mexicana.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
