Casa Durazo, la antigua mansión del exjefe policiaco Arturo “El Negro” Durazo en Tlalpan, será convertida por el Gobierno federal en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un bachillerato para más de seis mil estudiantes. El proyecto educativo promete recuperar un símbolo de corrupción, pero comuneros de San Andrés Totoltepec reclaman que no fueron consultados y mantienen una disputa por terrenos vinculados al antiguo complejo.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la reconversión como la devolución de un bien público a los habitantes que padecieron los abusos de aquella época. La Presidencia informó el 16 de octubre que el predio supera las seis hectáreas y recibirá una inversión de 150 millones de pesos.
Casa Durazo: universidad con calendario y presupuesto
El plan oficial contempla una unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con capacidad instalada para 4 mil 800 lugares en marzo de 2027. Ofrecerá inicialmente Psicología, Derecho y Criminología, Administración y Comercio, Turismo, así como Economía y Desarrollo Sostenible.
La rectora Alma Xóchitl Herrera explicó que 5 mil 289 estudiantes residentes de Tlalpan ya se trasladan a planteles ubicados en otras alcaldías. Además, 3 mil 67 personas solicitaron ingresar a la nueva sede durante una convocatoria realizada en julio. Esos datos muestran una demanda concreta, aunque el cumplimiento deberá medirse cuando concluyan las adecuaciones y el plantel abra sus puertas.
En el mismo conjunto funcionará un Bachillerato Nacional con enfoque en cultura y artes. La Secretaría de Educación Pública proyecta invertir cerca de 100 millones de pesos en 12 aulas, talleres, laboratorio de cómputo, áreas deportivas y oficinas. La licitación fue anunciada para noviembre y el plantel tendrá mil 200 lugares. Mientras avanzan las obras, 75 jóvenes estudian en una sede alterna.
El anuncio se suma a la ampliación de infraestructura educativa federal y al debate sobre el destino del gasto público en universidades. Este medio documentó recientemente la discusión sobre los apoyos a investigadores y las reglas avaladas por la Suprema Corte.
La consulta pendiente con San Andrés Totoltepec
La conversión del inmueble ha sido recibida con apoyo por su utilidad educativa, pero no cerró el conflicto territorial. Un reportaje publicado este 24 de octubre por EL PAÍS recoge testimonios de integrantes del Concejo de Gobierno de San Andrés Totoltepec, quienes aseguran que la comunidad no fue consultada sobre el proyecto ni sobre las carreras que se impartirán.
Los comuneros distinguen entre las seis hectáreas de Casa Durazo y un conflicto más amplio por predios que, según sus testimonios, el exjefe policiaco acumuló mediante compras incompletas, engaños y posteriores operaciones inmobiliarias. Para ellos, transformar la mansión no resuelve automáticamente las reclamaciones sobre el resto de la superficie ni sustituye un proceso de participación comunitaria.
La exigencia de consulta importa porque el Gobierno presentó el proyecto como una devolución a la población local. Sin un mecanismo público que detalle la situación jurídica de los terrenos, los acuerdos con la Academia Mexicana de Ciencias y la forma en que participará San Andrés Totoltepec, esa narrativa quedará incompleta.
Del símbolo de corrupción a una prueba de rendición de cuentas
Casa Durazo concentró lujos como discoteca, helipuerto, caballerizas, pista para galgos, casino, alberca y lagos artificiales. La propiedad fue incorporada al patrimonio federal tras un proceso por defraudación fiscal y una parte quedó en manos de la Academia Mexicana de Ciencias, que será reubicada.
Convertir el inmueble en escuelas puede ofrecer un beneficio verificable, pero el proyecto deberá transparentar presupuesto, licitación, avances físicos y solución de las controversias territoriales. La recuperación de un espacio asociado con corrupción no se agota en cambiar su uso: exige probar que las decisiones actuales se toman con legalidad, consulta y cuentas claras.
La discusión también se conecta con otros conflictos urbanos de la capital, incluidos los desalojos y disputas por vivienda documentados rumbo al Mundial de 2026. En ambos casos, la obra pública y los grandes proyectos requieren escuchar a las comunidades afectadas, no sólo anunciar sus beneficios.
Fotografía: Presidencia de México. Recorte horizontal para redes.







