Fotografía de archivo del Palacio de las Naciones en Ginebra, 18 de agosto de 2023. No corresponde a la Asamblea General de Nueva York ni a la conferencia mexicana. Juan Sanchez Gil / MediaSociety, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
El Gobierno de México afirmó el lunes 26 de octubre que no prevé acciones adicionales de la Asamblea General de la ONU por las desapariciones, porque ningún Estado miembro ha promovido una iniciativa. La postura, presentada por Gobernación y Cancillería, no cancela las obligaciones internacionales del país ni equivale a que el comité especializado haya retirado sus señalamientos.
Desapariciones: lo que sostiene el Gobierno
Según la información publicada por La Jornada, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, sostuvo que no hay un procedimiento adicional en curso ante la Asamblea. México mantiene su desacuerdo con la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre el artículo 34 de la Convención.
El subsecretario de la Cancillería Enrique Ochoa Martínez aclaró que esas diferencias no modifican los compromisos mexicanos: continuará la entrega de información sobre acciones urgentes, comunicaciones individuales y seguimiento de informes periódicos.
El expediente no es una exoneración
La decisión CED/C/MEX/A.34/D/1, distribuida el 17 de abril de 2026, permite contrastar el alcance de esa posición diplomática. El comité determinó que había indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en distintos lugares y momentos, y decidió llevar la situación urgentemente a la Asamblea General.
El documento también establece un límite importante: no encontró indicios fundados de una política federal dirigida a cometer esos actos, por acción u omisión deliberada. Esa conclusión no elimina los indicios sobre ataques en diferentes partes del país ni la posible complicidad o aquiescencia de funcionarios.
El CED trabaja con un estándar de indicios fundados; no actúa como comisión de investigación ni resuelve responsabilidades penales individuales. Su decisión pidió considerar cooperación técnica, apoyo financiero, asistencia especializada y protección para familias y organizaciones buscadoras.
Por ello, no prever una nueva resolución de la Asamblea no es lo mismo que una sentencia absolutoria ni demuestra que las observaciones del comité hayan quedado sin efecto. Son planos distintos: el trámite diplomático, el seguimiento internacional y las investigaciones de cada caso.
Las cifras de localización requieren contexto
En el balance del lunes, Medina reportó más de 16 mil personas localizadas en 2026 mediante distintos mecanismos. Detalló 6 mil 939 localizaciones por cruces en la Plataforma Única de Identidad y mil 214 personas encontradas con vida mediante acciones territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Esos datos se presentan como resultados oficiales. No deben sumarse automáticamente como grupos independientes ni confundirse con un balance de investigaciones concluidas o sentencias.
La cobertura de El País del 21 de octubre ya había señalado que el anuncio de 16 mil localizaciones carecía de un desglose completo sobre las circunstancias de los hallazgos. También documentó que Medina reconoció ante la ONU casos con participación de autoridades municipales, aunque atribuyó principalmente los delitos a grupos criminales.
Fotografía de archivo: Palacio de las Naciones, sede de la ONU en Ginebra, 18 de agosto de 2023; no corresponde a la Asamblea General en Nueva York ni a la conferencia mexicana. Crédito: Juan Sanchez Gil / MediaSociety, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
