Familiares de personas desaparecidas exigen verdad y justicia durante una marcha en Ciudad de México. Foto: PetrohsW / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
México reconoció ante la Asamblea General de la ONU que autoridades municipales han participado en desapariciones, aunque sostuvo que actualmente la mayoría de los casos son cometidos por grupos delictivos. La admisión, formulada por el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, importa porque contradice la negativa previa del Gobierno a aceptar participación estatal y abre una nueva exigencia de resultados verificables.
Desapariciones en México: una admisión con alcance limitado
Durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, Medina afirmó que en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde altos niveles del poder político y que ahora estos delitos son cometidos principalmente por organizaciones criminales y, en algunos casos, por autoridades municipales. La versión oficial de Gobernación presentó la intervención como una defensa de las acciones federales de búsqueda.
El reconocimiento es relevante, pero no identifica municipios, funcionarios, expedientes ni procesos penales vinculados con esa participación. Tampoco sustituye investigaciones ministeriales o sentencias. Su valor político está en que rompe, al menos parcialmente, con la afirmación presidencial de que en México no existen desapariciones forzadas cometidas desde el Estado.
La declaración ocurre en un contexto de debilidad institucional. El país cayó al lugar 125 de 143 en el Índice de Estado de derecho 2026, mientras la impunidad continúa como uno de los factores que erosionan la confianza en fiscalías, policías y tribunales.
El Gobierno presume localizaciones, pero faltan datos abiertos
Medina sostuvo que durante 2026 fueron localizadas 16 mil personas, la mayoría con vida, y calificó la búsqueda como una prioridad nacional. La cifra fue presentada como resultado de coordinación entre dependencias federales y estatales, así como del uso de herramientas de identificación.
Sin embargo, el dato todavía requiere una explicación pública desagregada: cuántas personas fueron halladas con vida, cuántas fallecidas, en qué entidades, cuántas tenían una denuncia activa, qué delitos fueron investigados y cuántos casos derivaron en imputaciones. Sin esa información, el balance no permite medir si las localizaciones reducen el rezago ni si mejoran la capacidad para sancionar responsables.
La falta de indicadores comparables también dificulta evaluar el contraste entre avances administrativos y la experiencia cotidiana de las familias. Aunque la percepción de inseguridad bajó a 58.1% en zonas urbanas, esa mejoría no responde por sí sola a la crisis de desapariciones ni a las fallas forenses y de investigación.
Qué implica la intervención del Comité de la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llevó el caso mexicano a la Asamblea General mediante el artículo 34 de la Convención. En su decisión, el organismo afirmó que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada ha ocurrido y continúa en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos, por lo que pidió movilizar cooperación técnica, financiera y especializada.
La activación del artículo 34 no equivale a una condena judicial contra México ni determina responsabilidades penales individuales. Sí representa una alerta internacional excepcional y coloca bajo escrutinio la eficacia de las políticas de búsqueda, identificación forense e investigación de vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
La respuesta oficial ha insistido en que México ya coopera con gobiernos y organismos internacionales. El punto pendiente es demostrar que esa cooperación produce expedientes sólidos, sanciones y acceso a la verdad. Como ocurre con la impunidad en asesinatos de periodistas, los anuncios y registros administrativos sólo adquieren valor cuando desembocan en justicia comprobable.
La admisión ante la ONU abre una oportunidad para corregir la narrativa y transparentar resultados. El siguiente paso debe ser publicar datos verificables, identificar responsabilidades institucionales y garantizar que las fiscalías investiguen tanto a particulares como a autoridades que hayan participado, tolerado u ocultado desapariciones.
Fuentes: Secretaría de Gobernación; Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; cobertura de EL PAÍS.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
