La Cámara de Diputados aprobó el 27 de octubre, en Ciudad de México, la reforma a la Ley de Inversión Extranjera y la envió al Ejecutivo federal. El texto incorpora a Defensa y Marina en las decisiones sobre adquisiciones y deja para una resolución posterior el monto de activos que activará la revisión obligatoria. Ese diseño mantiene abierto un punto central para la certidumbre de las operaciones.
Ley de Inversión Extranjera: concluye el trámite legislativo
El aval final fue de 321 votos a favor y 106 en contra, sin modificaciones a la minuta del Senado, según el comunicado de la Cámara reproducido por Talla Política. Las reservas fueron retiradas o desechadas. Esa votación corresponde a lo particular: previamente, el dictamen había obtenido 314 apoyos y 117 rechazos en lo general.
La diferencia entre ambos resultados no implica dos reformas distintas. Son etapas del mismo procedimiento. El envío al Ejecutivo tampoco debe confundirse con la publicación del decreto: la aprobación parlamentaria y la entrada en vigor son momentos diferentes del proceso normativo.
El Canal del Congreso documentó el paso previo por el Senado, que aprobó la propuesta el 30 de septiembre. Frente al debate inicial sobre el voto militar, la novedad es que ambas cámaras ya concluyeron la aprobación.
La comisión gana integrantes y capacidad de intervención
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras incorporará con voz y voto a Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Para asuntos de seguridad nacional, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán como invitados permanentes, con voz pero sin voto.
El registro de la minuta en el Sistema de Información Legislativa explica que el régimen se dirige a adquisiciones superiores al 49% del capital de sociedades mexicanas, que rebasen el umbral de activos y operen en actividades sensibles. No se trata, por tanto, de someter automáticamente cualquier inversión extranjera al mismo filtro.
Los ámbitos contemplados incluyen infraestructura estratégica, tecnologías críticas, insumos fundamentales e información sensible. La comisión podrá declarar viable una adquisición, exigir modificaciones para mitigar riesgos o impedirla por seguridad nacional. El plazo aprobado para resolver es de 45 días hábiles, no los 60 previstos originalmente, como también recoge Forbes México.
Umbrales y controles serán la prueba de implementación
El monto de activos no queda fijado en la ley: deberá establecerse mediante resolución general. Además, el catálogo admite actividades análogas determinadas por la comisión. Esas facultades desplazan parte de la definición práctica del filtro desde el Congreso hacia un órgano del Ejecutivo.
La oposición cuestionó esa amplitud. Según La Jornada, el panista Ernesto Sánchez advirtió que los parámetros pendientes restan certeza jurídica. Desde Morena, Dolores Padierna defendió que el escrutinio será focalizado y permitirá proteger intereses estratégicos sin renunciar a atraer tecnología, empleos e inversión.
El mecanismo incluye informes semestrales al Congreso y comparecencias ante las comisiones que convoquen a sus integrantes. Su utilidad como contrapeso dependerá del seguimiento legislativo. El debate ocurre mientras el Gobierno busca ampliar vínculos económicos, incluida la negociación comercial con India: atraer capital y explicar con claridad cuándo puede ser condicionado son responsabilidades simultáneas.
Fotografía de archivo: fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de julio de 2025; no corresponde a la sesión de 2026. ProtoplasmaKid, vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Versión reducida para web.







