La revisión de la Cuenta Pública 2025 dejó 2,327 millones de pesos pendientes de aclarar en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, informó la ASF el 30 de octubre ante diputados. El señalamiento coloca bajo escrutinio recursos federales del primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin constituir una sentencia por desvío.
Cuenta Pública 2025: dos entidades deben acreditar el gasto
El auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel presentó los resultados en San Lázaro. Según la cobertura de La Jornada, en el fondo agropecuario se identificaron movimientos financieros y gastos de operación que no quedaron debidamente aclarados. El monto de 2,327 millones corresponde a la suma de ese caso y el de la autoridad educativa, no a cada institución por separado.
La exigencia inmediata es documental: las entidades tendrán que acreditar el ejercicio de los recursos dentro del procedimiento de fiscalización. En las fuentes consultadas para esta nota no se localizó una respuesta específica de ambas instituciones a estos señalamientos. Tampoco se informó una resolución definitiva que permita atribuir responsabilidad penal a sus titulares.
El hallazgo añade presión sobre la comprobación del gasto federal. Es un frente distinto del debate sobre la suficiencia de recursos, abordado en nuestra cobertura del costo de la deuda frente a la inversión física en el presupuesto de 2027: disponer de presupuesto y demostrar su aplicación son obligaciones diferentes.
Más de 9 mil millones pendientes en tres órdenes de gobierno
La segunda entrega comprende 374 informes individuales: 46 auditorías a entes federales, 286 a entidades federativas y 42 a municipios. El auditor reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en conjunto, de acuerdo con el mensaje institucional difundido por la Cámara de Diputados y reproducido por Talla Política.
El total abarca distintos gobiernos y organismos. Por ello, no puede atribuirse íntegramente a una dependencia federal ni a un partido. La cifra de los dos entes federales es parte de ese panorama, no un monto adicional que deba sumarse otra vez.
En el ámbito estatal quedaron más de 1,200 millones pendientes, principalmente en educación y salud. En los 42 municipios examinados, más de 5,200 millones no tenían acreditado su destino ante la ASF. La fiscalización municipal más amplia continuará: el auditor anticipó que gran parte de sus resultados se presentará en febrero de 2027.
Reintegros y denuncias: resultados que deben distinguirse
También hubo recuperaciones durante las revisiones. El Financiero reportó que las entidades federativas reintegraron 1,132 millones de pesos antes de concluir los trabajos; 553 millones correspondieron al sector salud. Los reintegros y los montos todavía por aclarar describen situaciones distintas y no deben confundirse.
La dimensión sanitaria importa por las necesidades de medicamentos y equipamiento. Nuestra nota sobre la llegada de equipos al IMSS después de años de espera muestra otro componente de esa demanda; no implica que esos equipos sean los involucrados en las observaciones aquí descritas.
El auditor informó además de 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción durante seis meses de gestión. Entre los hallazgos mencionó obras pagadas sin ejecutar, equipo médico no localizado y documentación presuntamente falsa sobre obligaciones de seguridad social. No atribuyó todos esos casos a las dos instituciones que concentran los 2,327 millones.
El siguiente paso verificable será conocer qué observaciones se solventan, qué recursos se recuperan y cuáles derivan en responsabilidades acreditadas. Presentar denuncias no equivale a obtener sentencias; mantener dinero sin aclarar tampoco permite dar por probado un robo.







