Impresión de boletas electorales de 2025 en Talleres Gráficos de México. Imagen de archivo difundida el 8 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro / La Jornada.
El exdirector de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, señaló que instalaciones privadas fueron presentadas como plantas de la imprenta pública y cuestionó la legalidad de esas subcontrataciones. Su declaración, publicada este 8 de noviembre, confronta el plan del Gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer al organismo: ampliar su papel electoral exige aclarar primero cómo operó con terceros.
Talleres Gráficos y las plantas que no eran suyas
En entrevista con La Jornada, el actual consejero del INE sostuvo que las denominadas plantas 2 y 3 correspondían a empresas privadas. Según su explicación, la anterior directora, Maribel Aguilera Cháirez, defendió ese esquema bajo la figura de capacidad ampliada; él lo considera subcontratación fuera de la norma.
“TGM sólo tiene unas instalaciones, no dos ni tres”, dijo Chávez López, quien dirigió el organismo durante seis meses antes de incorporarse al instituto electoral el 3 de abril. El señalamiento procede, por tanto, de alguien que estuvo al frente de la operación, no únicamente de una crítica partidista externa.
Su declaración es una acusación sobre la forma de contratar, no una sentencia. La explicación atribuida a Aguilera por el entrevistado es distinta de su propia valoración. En las fuentes consultadas no aparece una respuesta nueva de la exdirectora a esta declaración publicada el domingo.
Fortalecer no equivale a dar por saneada la operación
La Presidenta anunció que la semana siguiente presentaría un decreto para modificar la integración del consejo de administración de Talleres Gráficos e incorporar más dependencias e instituciones académicas. El reporte de su conferencia publicado el 6 de noviembre recoge su propuesta de transparentar contrataciones y aumentar la producción de materiales electorales dentro de la empresa estatal.
Sheinbaum reconoció que el organismo cuenta con maquinaria antigua y planteó recurrir a otras empresas cuando no exista capacidad suficiente, con transparencia. Esa es la respuesta gubernamental disponible sobre el modelo de producción; no resuelve por sí misma la controversia concreta acerca de las instalaciones y los contratos señalados por Chávez.
La diferencia es sustancial. Colaborar con proveedores privados no acredita automáticamente una irregularidad. Lo que debe demostrarse es que cada contratación cumplió las reglas, justificó su modalidad y permitió conocer quién hizo el trabajo y bajo qué responsabilidades. Cambiar la integración de un consejo no sustituye esa rendición de cuentas.
La imprenta pública debe explicar su capacidad real
La auditoría de desempeño 427 de la Cuenta Pública 2024 describe a TGM como un organismo público descentralizado que presta servicios editoriales y de artes gráficas. Su misión incluye calidad, seguridad y oportunidad: no basta con entregar impresos si la capacidad utilizada y los controles no pueden explicarse con claridad.
Ese informe de desempeño es distinto de las revisiones financieras y no se cita aquí como una sentencia sobre los subcontratos denunciados. También es diferente de las observaciones por 68 millones de pesos ya abordadas en este sitio. Confundir expedientes sólo oscurecería el problema.
El nuevo señalamiento abre una pregunta incómoda para el Gobierno: si busca reducir la intermediación electoral mediante su propia imprenta, ¿cómo garantizará que la producción pública no dependa de terceros cuya participación resulte opaca? La exigencia es documentar capacidades y contratos antes de vender una ampliación como solución terminada, en medio de la discusión sobre controles y responsabilidades de las instituciones electorales.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
