Rubén Rocha Moya recuperó acceso parcial a recursos destinados a sus pensiones mediante una medida provisional, según reportes periodísticos difundidos el 13 de noviembre. Hacienda explicó el cumplimiento de la resolución, pero en su comunicado no identificó al beneficiario: lo llamó exfuncionario del gobierno de Sinaloa. La dependencia precisó que no se trata de liberar todas las cuentas ni cualquier operación financiera.
Rocha y las cuentas: Hacienda informa el beneficio sin dar el nombre
El comunicado 95, fechado el 13 de noviembre, refiere una suspensión provisional de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su contenido fue reproducido por Hoja de Ruta Digital y contrastado con la cobertura de Noroeste, que identifica a Rocha como beneficiario.
La distinción importa: el nombre procede de la información periodística; el texto de Hacienda habla únicamente de un exfuncionario. En un asunto que involucra a una figura central del gobierno morenista sinaloense, esa comunicación deja al público dependiendo de los medios para conocer a quién corresponde la explicación oficial.
No hay base, sin embargo, para convertir la falta de nombre en prueba de encubrimiento o de una actuación ilegal. Lo que sí puede cuestionarse es la claridad del informe: explica el mecanismo y sus límites sin identificar a la persona a la que se refiere. Tampoco publica una justificación específica para esa omisión.
Dos cuentas y tres pensiones, según la investigación periodística
Noroeste, al recoger una investigación de Arturo Ángel en Milenio, reportó que la UIF levantó el bloqueo de dos cuentas el 5 de noviembre. Una recibe pensiones del ISSSTE y del IMSS; la otra corresponde a la jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El número de cuentas y esa fecha deben atribuirse al reporte, no presentarse como datos incluidos expresamente en el comunicado.
La explicación gubernamental es que el tribunal autorizó únicamente ministraciones futuras de pensiones protegidas por el principio de inembargabilidad. La Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo que acata una resolución judicial y respeta el debido proceso y la garantía de audiencia. Esa es la respuesta oficial disponible frente a la información sobre el acceso parcial a los recursos.
La medida no permite afirmar que Rocha quedó fuera de las restricciones financieras. Hacienda señaló que los recursos distintos de los autorizados, así como las demás operaciones, siguen sujetos a los límites correspondientes. El alcance es acotado: acceder a determinadas prestaciones no equivale a recuperar libre disposición de todo el patrimonio bancario.
La medida provisional no responde las acusaciones de fondo
El alivio financiero tampoco constituye una exoneración penal. Los señalamientos estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico son acusaciones, no una sentencia de culpabilidad. Rocha mantiene su derecho a defenderse y la información revisada no acredita que la suspensión haya resuelto esas imputaciones.
El contexto de rendición de cuentas en Sinaloa incluye también los dos procedimientos que siguen abiertos contra el exvicefiscal Dámaso Castro y la persistencia de la violencia pese al despliegue de fuerzas de seguridad. Son asuntos distintos: ninguno prueba por sí mismo la responsabilidad de otro funcionario. Para el poder público, la exigencia sigue siendo explicar decisiones y ofrecer resultados verificables, no dejar que las fórmulas administrativas sustituyan información comprensible para la población.







