La Red Nacional de Refugios denunció que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no garantizó el refuerzo que pidió para proteger a mujeres, niñas y niños que enfrentan violencia. Tras la votación del 11 de noviembre, su directora, Wendy Figueroa, reclamó claridad sobre los recursos efectivos y su entrega oportuna. El gobierno había defendido un aumento nominal; la Red cuestiona su suficiencia real.
Refugios: una votación no garantiza protección
La denuncia más reciente fue recogida por Cimacnoticias el 13 de noviembre. Figueroa sostuvo que no se concretó una reasignación acreditada para fortalecer a estos espacios, pese a que la organización solicitó al menos 580 millones de pesos. Advirtió que el financiamiento insuficiente o tardío compromete servicios psicológicos, jurídicos, sociales y médicos, además de los honorarios del personal especializado.
El presupuesto ya fue aprobado. El Canal del Congreso confirmó el 11 de noviembre el aval en lo particular con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención. Por tanto, no corresponde presentar el plazo constitucional del 15 de noviembre como si la discusión siguiera pendiente.
El mismo reporte legislativo registra una reasignación de 362 millones de pesos a la Secretaría de las Mujeres. Ese dato no demuestra que los refugios hayan recibido el incremento que reclamaban: una ampliación para la dependencia no equivale automáticamente a una asignación específica para cada componente o proyecto.
La disputa está en el poder de compra, no sólo en la cifra
En su carta abierta del 22 de octubre, la Red había denunciado una reducción real de 3.35% para el componente de refugios y pedido un calendario que evitara operar meses sin financiamiento. Aquella advertencia corresponde al proyecto: no debe confundirse con una auditoría del dinero que finalmente recibirá cada espacio en 2027.
La comparación presupuestaria tiene, además, cifras distintas. La Secretaría de las Mujeres defendió una previsión de 532.67 millones de pesos, frente a 515.03 millones de 2026: un aumento nominal de 17.64 millones, según el posicionamiento recogido por Infobae el 28 de octubre. La Red trabajó con una previsión de 518 millones y una base ajustada por inflación de 536 millones.
Esas bases no son intercambiables. Publicarlas con fechas y atribución permite ver la controversia sin vender como cálculo propio una cifra discutida. Lo exigible al gobierno es un desglose comparable: cuánto está autorizado para refugios, cuánto se distribuirá y qué capacidad de atención podrá sostener.
El costo de la incertidumbre lo absorben los espacios
El problema no se limita a una disputa contable. En un reporte del 13 de noviembre, Animal Político recogió testimonios de responsables de refugios en Chiapas y Morelos sobre retrasos de financiamiento arrastrados desde 2025, créditos para sostener gastos y dificultades para pagar al personal. Son testimonios atribuidos, no una constatación de que todos los refugios estén cerrando.
Figueroa también señaló a ese medio falta de respuesta a oficios sobre los lineamientos de operación. La organización anunció que pedirá adecuaciones presupuestarias y vigilancia legislativa durante 2027. La postura gubernamental disponible había defendido la continuidad de los refugios y la colaboración con organizaciones; eso no responde por sí solo a los reclamos posteriores sobre suficiencia y plazos.
La contradicción política es concreta: aprobar recursos y anunciar prioridades no basta si quienes prestan protección especializada no tienen certeza sobre sus ministraciones. Como ocurre en otros expedientes sobre violencia política de género y denuncias de presunto acoso en instituciones públicas, las obligaciones frente a las mujeres se miden por respuestas verificables, no por el discurso oficial.







