Dos trabajadores del DIF Oaxaca anunciaron una huelga de hambre el viernes 13 de noviembre para denunciar un presunto despido injustificado, hostigamiento laboral y falta de respaldo sindical. Identificados como Mayra y Edmundo, también pidieron investigar posibles irregularidades en casas hogar. El reclamo alcanza a una dependencia del gobierno de Salomón Jara cuya obligación es proteger a personas vulnerables, no dejar sin cauce las denuncias.
DIF Oaxaca: una puerta cerrada desató la protesta
Según el reporte de Álvaro Morales para ES PRIMERA MX, la inconformidad escaló cuando a Mayra se le impidió ingresar a las instalaciones. La trabajadora sostuvo que no recibió previamente un documento que explicara su separación y reclamó la oportunidad de conocer las observaciones en su contra y presentar sus propias pruebas.
Se trata de su versión, no de una resolución que declare ilegal el despido. Precisamente por eso importa el expediente: si existe una causa administrativa, debe explicarse por la vía correspondiente; si se vulneraron derechos, debe investigarse. Cerrar el acceso físico no sustituye una respuesta verificable sobre el procedimiento ni aclara qué posibilidad de defensa tuvo la empleada.
Edmundo acompañó el reclamo y cuestionó la ausencia de respaldo de sus representantes sindicales. La denuncia laboral no demuestra por sí misma una responsabilidad penal de funcionarios, pero sí expone un conflicto que requiere documentación y una explicación institucional, más allá de la imagen pública de la dependencia.
Las acusaciones sobre casas hogar exigen investigación
El Piñero, en su información del 13 de noviembre, reportó que ambos trabajadores señalaron presuntas amenazas contra menores bajo resguardo y responsabilizaron de posibles represalias a la presidenta honoraria del organismo, Irma Bolaños Quijano, y al gobernador. Esa advertencia pertenece a los manifestantes: no acredita que esas autoridades hayan ordenado agresiones.
Los señalamientos sobre la niñez no deben diluirse en la disputa laboral, pero tampoco convertirse en culpabilidades anticipadas. Exigen una revisión independiente de hechos, fechas y responsabilidades, con protección de la identidad y la integridad de las personas menores de edad. Este medio no identifica a supuestas víctimas ni presenta las acusaciones como delitos probados.
En Oaxaca hay otros reclamos relacionados con servicios públicos, como el de la primaria que quedó sin clases por aguas negras. Son asuntos distintos: uno no sirve como prueba del otro. Lo que comparten es una exigencia ciudadana de respuestas concretas y comprobables.
El gobierno debe responder con documentos, no con propaganda
La Tinta Oaxaca publicó el caso este 14 de noviembre y precisó que la información disponible documenta el anuncio de la protesta del viernes, sin confirmar su continuidad este sábado ni la instalación de una mesa de diálogo. No corresponde dar por hecho que los trabajadores siguen sin ingerir alimentos al momento de esta publicación.
En su cierre del viernes, El Piñero no recogía una postura oficial del DIF ni de la representación sindical sobre estas acusaciones. Esa referencia tiene fecha: no permite afirmar que ninguna autoridad haya hablado después. Tampoco hay en las fuentes consultadas una resolución que acredite las irregularidades denunciadas.
Como ocurre con los reclamos de atención en el Hospital de la Niñez de Puebla, la protección infantil obliga a separar la promoción institucional de la rendición de cuentas. En este caso hacen falta explicaciones sobre la situación laboral, canales seguros de denuncia y resultados de las investigaciones que correspondan. Ningún señalamiento sustituye pruebas; ningún informe de actividades sustituye responderlo.







