La carpa de Morena en Ezequiel Montes abrió una disputa por la separación entre gobierno y partido. Este 18 de noviembre, diputados del PAN pidieron al alcalde morenista Iván Reséndiz explicar quién pagó el mobiliario de una asamblea del sábado 14. Sostienen que era el utilizado en un acto institucional del día anterior. Morena respondió que contrató por separado al mismo proveedor y cubrió sus gastos.
Carpa de Morena: dos actos y una cuenta por aclarar
Según la información de Rotativo, firmada por Luis Martín García Chavero, la diputada Juliana Hernández Quintanar retomó una denuncia ciudadana sobre las actividades del 13 y 14 de noviembre. El viernes, el municipio realizó con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos un evento de entrega de constancias; el sábado hubo una asamblea partidista en el mismo espacio.
La legisladora señaló que se habrían utilizado la misma carpa, estrado y mobiliario. Solicitó explicar el costo del montaje y el probable uso de recursos y personal municipales. El señalamiento coloca al ayuntamiento ante una pregunta concreta: qué contrató para su actividad institucional y qué servicio, en su caso, quedó cubierto por el partido.
La semejanza entre instalaciones es un indicio que amerita aclaración, no una prueba suficiente de desvío. Esta nota no cuenta con contratos, facturas ni comprobantes bancarios originales que permitan determinar quién pagó cada servicio. Tampoco presenta la acusación de una bancada como una resolución de autoridad.
Morena dice que pagó: los documentos deben despejar la duda
La respuesta disponible contradice la hipótesis panista. De acuerdo con la cobertura de CódigoQro, Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena en Querétaro, afirmó que el partido financia las asambleas de la gira encabezada por Santiago Nieto Castillo. Explicó que hubo contratos separados con un mismo proveedor y ofreció transparentar los gastos, sin precisar el monto en esa declaración.
Esa explicación debe incluirse y puede ser comprobable. Usar un mismo proveedor no demuestra por sí mismo una irregularidad; pagar servicios diferentes también es posible. Precisamente por eso, exhibir los documentos permitiría distinguir una contratación partidista independiente de un eventual beneficio financiado por el municipio. La disputa no se resuelve contando sillas ni repitiendo consignas.
Una denuncia anunciada no es una sanción
Inqro informó que los legisladores anticiparon escritos dirigidos al alcalde y al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Guillermo Vega Guerrero, coordinador panista, sostuvo que la fiscalización debe alcanzar a todos los partidos, incluido el suyo. El anuncio no acredita por sí solo que exista un expediente admitido ni una sanción.
El caso es distinto de las denuncias sobre recursos públicos en municipios de Yucatán y de los desacuerdos entre Morena y el PT en Nuevo León. No deben mezclarse responsabilidades: cada señalamiento exige sus propias pruebas.
Para Reséndiz y Morena, la salida verificable es mostrar qué pagó cada parte. Para el PAN, sostener su acusación con evidencia que resista el contraste. Los ciudadanos no deben financiar actividades partidistas encubiertas, pero tampoco recibir una sentencia periodística basada únicamente en fotografías. Si los contratos son distintos, que los números expliquen la diferencia.







