Claudia Sheinbaum durante una conferencia. Foto: Eneas De Troya/Wikimedia Commons, CC BY 4.0; recorte 16:9.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este viernes ocho obligaciones que pretende imponer a las plataformas digitales para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos. El decreto para redes sociales prevé retiros, clasificación por edades, controles parentales y reportes a autoridades, pero todavía no está publicado, no incluye sanciones por incumplimiento y su fundamento jurídico sigue en revisión.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, expuso el proyecto durante la conferencia matutina del 9 de octubre. La presidenta estimó que el decreto podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación entre el martes 13 y el miércoles 14, después de conversar con representantes de las empresas y revisar si las disposiciones caben dentro de las facultades del Ejecutivo.
Ocho obligaciones en el decreto para redes sociales
De acuerdo con el resumen presentado por el Gobierno y reportado por El Economista, las plataformas deberán identificar y retirar cuentas o publicaciones que promuevan violencia; clasificar contenidos por edad; ofrecer supervisión parental; habilitar denuncias; activar la configuración más protectora en cuentas de menores; mantener un canal permanente con las autoridades; conservar evidencia requerida en investigaciones, y alertar sobre amenazas contra la vida.
La lista de materiales que se busca restringir para menores incluye discursos de odio y extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio y autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. El proyecto también plantea que las empresas reporten ciertos hallazgos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional.
El planteamiento amplía la propuesta anunciada el 2 de octubre, cuando la Presidencia informó la creación de un grupo coordinado por la Consejería Jurídica e integrado por Seguridad, Educación, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Transformación Digital y especialistas académicos. La reacción siguió a episodios de violencia escolar que, según el Gobierno, mostraron comunicación previa en entornos digitales.
Sin sanciones ni texto final para escrutinio
El punto débil está en lo que todavía no se conoce. Sheinbaum dijo que por ahora el decreto no contemplará sanciones para las compañías que incumplan, según la cobertura de La Jornada. Sin consecuencias definidas, la eficacia dependerá inicialmente de la cooperación de empresas que ya aplican reglas propias y cuyos sistemas de moderación han mostrado resultados desiguales.
Tampoco se ha divulgado el articulado completo, los plazos de retiro, el mecanismo para impugnar eliminaciones erróneas ni los criterios precisos para distinguir entre apología de la violencia, información periodística, documentación de abusos, educación y debate político. La mandataria reconoció desde el anuncio inicial que las categorías debían quedar claras para evitar censura.
En este sitio ya se advirtió que el decreto contra la violencia digital requería reglas verificables. La presentación de las ocho obligaciones aporta mayor detalle operativo, pero no resuelve quién auditará a las plataformas, qué transparencia deberán ofrecer sobre los retiros ni cómo se protegerá el derecho de las personas usuarias a apelar.
Protección infantil y límites al poder de moderación
La protección de menores es una finalidad legítima y urgente. Sin embargo, convertirla en una política pública eficaz exige controles proporcionales, trazabilidad de las decisiones y definiciones jurídicas acotadas. El antecedente de la reforma de derechos de autor y el riesgo de censura digital muestra por qué las órdenes de retiro automatizado pueden afectar contenidos lícitos cuando carecen de salvaguardas.
El Gobierno también ha impulsado la restricción de celulares en escuelas y el programa ABC de las Emociones. Esas medidas preventivas atienden el entorno educativo; el nuevo decreto trasladará parte de la responsabilidad a las plataformas. La prueba decisiva será el texto final: deberá demostrar que puede reducir riesgos reales sin crear una vía opaca para borrar información ni sustituir reformas legales que requieran debate en el Congreso.
Foto: Eneas De Troya/Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Imagen recortada a formato 16:9.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
