Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto: ProtoplasmaKid/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
La reforma de derechos de autor enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en la Cámara de Diputados tras ser aprobada en comisión con 18 votos a favor y seis en contra. El proyecto busca actualizar las reglas para infracciones digitales, pero organizaciones especializadas advierten que podría incentivar el retiro preventivo de contenidos, el monitoreo de usuarios y la suspensión de servicios sin una resolución judicial.
Qué cambia la reforma de derechos de autor
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de San Lázaro aprobó el dictamen el 29 de septiembre y lo turnó al pleno, por lo que todavía no es ley. La iniciativa presidencial propone reformar el artículo 114 Octies y añadir los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El argumento del Ejecutivo es armonizar la legislación mexicana con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y reforzar la protección de obras frente a infracciones cometidas en internet. La discusión, sin embargo, ocurre en un contexto de cuestionamientos previos sobre regulación de contenidos, como los lineamientos de derechos de las audiencias y sus posibles efectos sobre la libertad editorial.
Uno de los cambios obligaría a los proveedores de servicios de internet a publicar una política para terminar el servicio de personas consideradas infractoras reincidentes. Esa exclusión se apoyaría en el mecanismo de “notificación y retirada”, que permite remover material denunciado por una supuesta vulneración de derechos de autor antes de que un juez determine si la publicación es legal o ilegal.
Alertas por monitoreo y retiros preventivos
ARTICLE 19 México y Centroamérica sostiene que el dictamen trasladaría a los intermediarios una responsabilidad más amplia por actos de terceros cuando “contribuyan”, “induzcan” o “causen” una infracción y tengan conocimiento de ella. La organización considera que esos verbos no están suficientemente delimitados y que, ante el riesgo de sanciones, las empresas tendrían incentivos para vigilar actividad, bloquear cuentas o retirar material lícito por precaución.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) coincide en que la terminación del servicio a presuntos reincidentes extendería una controversia sobre una publicación concreta hacia contenidos futuros. Su objeción central es la ausencia de una determinación judicial previa, una salvaguarda indispensable cuando están en juego la libertad de expresión, el acceso a la cultura y el derecho a la información.
El problema no es proteger o no los derechos de autor, sino definir quién decide, con qué pruebas y bajo qué posibilidad de defensa. En México ya existen antecedentes de reclamaciones de propiedad intelectual utilizadas para intentar retirar investigaciones o contenidos de interés público. El riesgo aumenta si las plataformas concluyen que es más barato censurar de más que enfrentar multas.
El pleno aún puede corregir el dictamen
La aprobación en comisión no cierra el proceso. El pleno de la Cámara de Diputados todavía puede modificar, devolver o rechazar el proyecto. ARTICLE 19, R3D y SocialTIC pidieron desecharlo y abrir un parlamento abierto que incorpore salvaguardas claras para el debido proceso, la parodia, la crítica, el periodismo y otros usos legítimos.
La revisión legislativa también deberá explicar por qué la armonización con el T-MEC exige en México medidas más restrictivas que las adoptadas por Canadá, de acuerdo con las organizaciones. Esa comparación es relevante porque un tratado comercial fija compromisos de protección, pero no obliga a eliminar controles judiciales ni a convertir a empresas privadas en árbitros permanentes de la expresión pública.
El debate se suma a otros choques recientes entre regulación y derecho a saber, como el caso en que la UNAM denunció afectaciones a su autonomía y a la libertad de expresión. Antes de votar, la mayoría legislativa tendrá que responder si la reforma corrige abusos digitales sin crear una vía más rápida para silenciar contenidos legales.
Foto: Vista aérea del Palacio Legislativo de San Lázaro. ProtoplasmaKid/Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
