CIUDAD DE MÉXICO.— La Cámara de Diputados recibió tres iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar el control aduanero, crear una ley de pagos digitales y armonizar los catastros y registros públicos de la propiedad en el país.
La Mesa Directiva informó al Pleno sobre los proyectos y los turnó a las comisiones correspondientes para su análisis. La remisión no equivale a una aprobación: cada iniciativa deberá ser dictaminada y, en su caso, votada por las y los diputados.
La primera propone reformar la Ley Aduanera. Su objetivo es ampliar los instrumentos de control cuando la autoridad detecte elementos objetivos de una posible irregularidad en el valor declarado de mercancías que no están sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda.
El proyecto permitiría que, después de aplicar las reglas legales de valoración, la autoridad proceda al embargo precautorio de mercancías para proteger el interés fiscal. La propuesta fue enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La segunda iniciativa expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Plantea promover el uso de medios de pago digitales, aceptar la CURP Digital como una opción de identificación en la contratación remota de servicios financieros y crear un Expediente Digital Ciudadano. La persona usuaria conservaría la posibilidad de emplear otra identificación oficial.
Ese proyecto será dictaminado por Hacienda y contará con opiniones de las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La tercera iniciativa propone una Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Busca modernizar, homologar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad mediante un Plan Nacional Catastral. Fue turnada a Transparencia y Anticorrupción, con opinión de Presupuesto.
Los tres expedientes abren discusiones distintas: las facultades de la autoridad aduanera, las garantías de privacidad e inclusión en los pagos digitales y la capacidad técnica y presupuestal de estados y municipios para actualizar sus registros. Esos puntos deberán revisarse durante el proceso legislativo.
