CIUDAD DE MÉXICO.— Una iniciativa para tipificar de manera específica el reclutamiento forzado cometido por organizaciones criminales registra avances en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, informó el legislador Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo.
La propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Busca cubrir una conducta que, según su promovente, no queda descrita con precisión en los delitos de corrupción de menores o trata de personas.
El proyecto plantea penas de 10 a 20 años de prisión para quienes, mediante engaños, ofertas laborales, anuncios en redes sociales o coacción, priven de la libertad a una persona y la obliguen a integrarse a un grupo armado o a una red criminal.
Las sanciones podrían aumentar hasta 40 años cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes; personas adultas mayores; mujeres embarazadas; migrantes; integrantes de pueblos indígenas o exservidores públicos, de acuerdo con el planteamiento divulgado por el diputado.
Mejía Berdeja sostuvo que existe consenso entre distintos grupos parlamentarios y que la Comisión de Justicia analiza varias iniciativas sobre el mismo problema. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado un dictamen aprobado ni una fecha para su discusión en el Pleno.
La discusión cobró relevancia tras denuncias sobre falsas ofertas de empleo utilizadas para atraer a jóvenes y obligarlos a participar como vigilantes, informantes o integrantes armados de organizaciones delictivas. El legislador citó el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, como uno de los antecedentes que impulsaron el debate.
La eventual tipificación deberá definir con precisión la conducta, las pruebas necesarias y la coordinación entre fiscalías, autoridades laborales y plataformas digitales. También tendrá que diferenciar a las víctimas de reclutamiento de quienes participan voluntariamente en actividades criminales.
Antes de convertirse en ley, el proyecto necesita ser dictaminado en comisión, aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Ejecutivo federal.
