La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) abrió este 30 de septiembre una investigación sobre OpenAI, Anthropic y otros laboratorios de inteligencia artificial para evaluar si sus productos exponen a los consumidores a daños previsibles. La pesquisa, que también alcanza a la organización de evaluación METR, importa porque traslada la discusión sobre seguridad de la IA del terreno voluntario a una revisión formal del regulador.
La FTC investiga a OpenAI y Anthropic
La investigación fue confirmada por un portavoz de la FTC a Axios y reportada también por Reuters. De acuerdo con esos reportes, la agencia analiza riesgos asociados con sistemas avanzados, incluidos agentes capaces de ejecutar tareas con un grado creciente de autonomía. La apertura de la pesquisa no equivale a una acusación ni a una conclusión de responsabilidad.
El procedimiento podría derivar en solicitudes formales de información, entrega de documentos y testimonios de directivos. Esas facultades permitirían al regulador revisar cómo las empresas prueban sus modelos, qué advertencias ofrecen a los usuarios y qué controles aplican cuando detectan comportamientos peligrosos o usos indebidos.
OpenAI y Anthropic no habían ofrecido una respuesta pública inmediata a las solicitudes de comentario citadas por Reuters y Axios. METR, entidad dedicada a evaluar capacidades y riesgos de sistemas de IA, también figura entre los actores mencionados en la investigación.
Seguridad de la IA: de compromisos voluntarios a escrutinio
El movimiento regulatorio ocurre un día después de que empresas tecnológicas suscribieran con la administración de Donald Trump un compromiso voluntario sobre seguridad. Esa estrategia dejó buena parte de las salvaguardas en manos de los propios desarrolladores, como explicó este medio al analizar cómo la Casa Blanca impulsó la autorregulación de la inteligencia artificial.
La investigación abre una tensión evidente: mientras el Ejecutivo promueve acuerdos no vinculantes para acelerar la innovación, la FTC estudia si las prácticas empresariales cumplen las leyes existentes de protección al consumidor. El presidente del organismo, Andrew Ferguson, ha defendido el uso de las facultades actuales frente a posibles daños, aunque también ha expresado reservas sobre nuevas normas que podrían consolidar la ventaja de las compañías más grandes.
La propia FTC ya había examinado la estructura del mercado. En enero de 2025 publicó un informe sobre alianzas e inversiones entre grandes empresas tecnológicas y desarrolladores de IA, con advertencias sobre acceso a insumos, dependencia de socios en la nube y posibles efectos competitivos. La nueva pesquisa se concentra ahora en la seguridad de productos y en los riesgos directos para quienes los usan.
Qué está en juego para empresas y usuarios
El alcance final dependerá de la información que recabe la agencia. Entre las preguntas centrales están si las compañías conocían fallas relevantes antes de lanzar sus sistemas, si comunicaron adecuadamente sus limitaciones y si reaccionaron con rapidez ante incidentes. La FTC puede actuar contra prácticas engañosas o desleales, pero deberá sustentar cualquier medida con evidencia específica.
Para las empresas, el riesgo no se limita a una eventual sanción. Una investigación formal puede obligarlas a documentar procesos internos, conservar registros y justificar decisiones sobre pruebas, despliegues y suspensión de funciones. También podría influir en los estándares que adopten otras jurisdicciones.
El caso se suma a una discusión internacional sobre salvaguardas comunes. En junio, el rey Carlos III pidió acuerdos globales para enfrentar los peligros de sistemas cada vez más capaces, un debate reseñado en el llamado a establecer salvaguardas globales para la IA. La diferencia es que la FTC ya no se limita a formular principios: ahora busca determinar, con herramientas de investigación, si las prácticas actuales protegen de manera suficiente al público.
Por ahora, la pesquisa está en una fase inicial. No existe una resolución contra OpenAI, Anthropic o METR. Su importancia radica en que podría marcar el primer gran examen de cumplimiento sobre seguridad de la IA en Estados Unidos y definir hasta dónde llegan las leyes de consumo frente a sistemas que evolucionan más rápido que la regulación específica.







