Francisca Méndez Escobar, cuarta desde la izquierda, en una reunión de México con la OMPI en Ginebra, 20 de julio de 2022. Archivo: no corresponde al examen de noviembre de 2026. Foto: OMPI/WIPO, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/), vía Wikimedia Commons. Imagen reducida.
La violencia del crimen organizado no sólo se cuenta en homicidios: también deja comunidades sin atención médica. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió al Estado mexicano explicar cómo mantiene servicios esenciales en las regiones más afectadas. El cuestionamiento llegó durante el examen de México en Ginebra, los días 4 y 5 de noviembre.
La ONU pregunta por médicos, no sólo por operativos
El relator Ludovic Hennebel señaló que el Comité había recibido información sobre regiones donde falta personal médico a causa de la violencia. En el resumen oficial del diálogo aparece una pregunta concreta: qué medidas garantizan la continuidad de los servicios esenciales más allá de una respuesta estrictamente de seguridad. También se abordó el funcionamiento de escuelas y transporte.
El asunto obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a responder en otro terreno. Un operativo puede tener despliegue, armas aseguradas y detenidos; eso no acredita que una clínica tenga personal ni que una familia pueda trasladarse sin riesgo para recibir consulta. La pregunta del Comité apunta a esa distancia entre la presencia del Estado en un comunicado de seguridad y la posibilidad real de utilizar un servicio público.
La violencia alcanza consultas, vacunas y hogares
La crónica de El Economista sobre la primera jornada recoge preocupaciones por el temor de trabajadores de salud a acudir a sus centros, interrupciones de servicios y vacunación, y desplazamientos de familias. El relator pidió explicar qué evaluación hace el gobierno de esos efectos y si investiga posibles vínculos de autoridades con organizaciones criminales. Esa última pregunta no es una declaración de culpabilidad contra un funcionario determinado.
La distinción importa también para el seguimiento público: abrir un hospital, autorizar un presupuesto o anunciar su próxima entrega no demuestra que se pueda llegar a él y encontrar atención. Los plazos de los hospitales de Ciudad Salud en Oaxaca, por ejemplo, requieren su propia verificación. El examen de Ginebra añade otra obligación de comprobación: que la inseguridad no vuelva inaccesible la infraestructura que sí existe.
Qué respondió México y qué todavía no ha resuelto el Comité
La delegación mexicana defendió su estrategia social y de seguridad. Según el resumen de Naciones Unidas, la embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar sostuvo que garantizar los derechos sociales y recuperar los espacios comunitarios contribuye a una paz duradera. El Economista reportó además que César Villanueva Esquivel, de la SRE, invocó una disminución de homicidios y delitos de alto impacto y defendió una política de tolerancia cero frente a las desapariciones.
Los expertos reconocieron avances en pobreza y salario mínimo. Ese reconocimiento forma parte del diálogo y no debe omitirse; tampoco contesta por sí solo las preguntas sobre continuidad de la atención. Así como el Plan Michoacán exige un balance de resultados, una estrategia nacional necesita comprobar qué cambia para quienes viven bajo amenaza.
No se trata de una sentencia ni de conclusiones finales ya aprobadas. El Comité anunció que publicará sus observaciones al cierre de la sesión, previsto para el 13 de noviembre. Hasta entonces, el hecho documentado es el cuestionamiento y la respuesta del Estado. La prueba pendiente para el gobierno es más exigente que repetir una baja estadística: demostrar dónde y cómo la población conserva el acceso a médicos, escuelas y servicios cuando el crimen impone miedo.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
