Claudia Sheinbaum durante una ceremonia oficial en Palacio Nacional. Foto: EneasMx/Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Recorte 16:9.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo en Veracruz que las Fuerzas Armadas no reprimirán al pueblo y deberán actuar con apego a la Constitución, los derechos humanos y el uso racional de la fuerza. El compromiso importa porque Ejército, Marina y Guardia Nacional concentran cada vez más tareas de seguridad pública, por lo que su cumplimiento dependerá de controles, investigaciones y resultados verificables.
Fuerzas Armadas no reprimirán: el alcance de la promesa
Sheinbaum hizo el pronunciamiento durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México y el 202 aniversario de la Constitución Federal de 1824, celebrada en el puerto de Veracruz. “Nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”, sostuvo ante mandos y personal militar, de acuerdo con la cobertura de Aristegui Noticias.
La mandataria vinculó esa garantía con tres límites: el marco constitucional, el respeto a los derechos humanos y la aplicación racional de la fuerza. Dos días antes, al recordar la matanza de Tlatelolco de 1968, la Presidencia de la República había reiterado que el Estado no debe volver a reprimir movimientos sociales.
El mensaje coincide con un momento de mayor escrutinio sobre el uso de la fuerza. La marcha del 2 de octubre en Ciudad de México dejó personas heridas y una investigación por posibles excesos de agentes capitalinos. Ese caso corresponde a una corporación civil local, no a las Fuerzas Armadas federales, pero muestra por qué una promesa política necesita protocolos claros, trazabilidad de órdenes y sanciones cuando se acrediten abusos.
Más poder militar eleva la exigencia de rendición de cuentas
La declaración presidencial ocurre después de que la Guardia Nacional quedó constitucionalmente integrada por personal militar con formación policial y bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación también facultó al Congreso para establecer límites a la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.
Ese diseño amplía la responsabilidad del mando civil. Evitar una orden explícita de represión es indispensable, pero no agota la obligación estatal: también deben vigilarse operativos, detenciones, despliegues, cadenas de mando y mecanismos de queja. La promesa será evaluable si las autoridades publican información suficiente y responden con investigaciones independientes ante señalamientos concretos.
El Gobierno sostiene que soldados, marinos y guardias nacionales sirven a la población, protegen la soberanía y cumplen tareas de auxilio ante desastres. La coordinación bilateral en las llamadas operaciones espejo en la frontera también evidencia que su papel rebasa los cuarteles y toca áreas sensibles de seguridad nacional.
El reto es convertir el discurso en controles verificables
La garantía ofrecida por Sheinbaum tendrá una prueba cotidiana, no sólo en grandes movilizaciones. Requiere reglas públicas sobre el uso de la fuerza, registro de detenciones, cámaras y bitácoras cuando corresponda, supervisión civil efectiva y resultados transparentes de las investigaciones. También exige distinguir entre contener delitos, proteger manifestaciones y limitar derechos.
El pronunciamiento de Veracruz fija una obligación política clara para el Gobierno federal. A mayor presencia militar en seguridad pública, mayor debe ser la rendición de cuentas. El parámetro no será únicamente que no exista una orden presidencial de reprimir, sino que ningún operativo termine en abuso sin esclarecimiento, responsabilidades y reparación para las víctimas.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
