Vista aérea de la fachada de la Cámara de Diputados en San LázaroPalacio Legislativo de San Lázaro. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La Cámara de Diputados aprobó eliminar multas a grandes contribuyentes dentro del programa de regularización fiscal de 2027. La reserva, incorporada a la Ley de Ingresos y enviada al Senado, también suprime recargos y gastos de ejecución para quienes paguen completo el impuesto adeudado. La decisión importa porque amplía un beneficio antes limitado por ingresos y reabre el debate sobre el trato fiscal a las grandes empresas.

El pleno de San Lázaro avaló la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027 en lo particular con 340 votos a favor y 109 en contra, tras una sesión que concluyó en la madrugada de este jueves 15 de octubre. La minuta pasó al Senado, que debe revisarla antes de que la medida pueda entrar en vigor.

Qué cambia para los grandes contribuyentes

La reserva promovida por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, modificó el artículo Vigésimo Primero Transitorio. El texto original excluía a contribuyentes con ingresos superiores a 300 millones de pesos durante 2025 y a los asuntos atendidos por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La modificación eliminó ambos candados. Si el Senado confirma el cambio, personas físicas y empresas de cualquier tamaño podrán solicitar una reducción de 100% en multas, recargos y gastos de ejecución vinculados con adeudos del ejercicio fiscal 2025 o anteriores. El beneficio no elimina el impuesto principal: deberá cubrirse actualizado por inflación.

Para acceder, los contribuyentes tendrán que presentar las declaraciones correspondientes, desistirse de medios de defensa cuando proceda y pagar en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027. La explicación pública de la Cámara puede consultarse en el Canal del Congreso, mientras que El Financiero detalló el alcance de la reserva.

Multas a grandes contribuyentes: el costo de la decisión

Monreal defendió que no se trata de una condonación de impuestos, porque el capital del adeudo debe pagarse íntegro. También sostuvo que el mecanismo permitirá recuperar créditos fiscales, reducir litigios y dar certidumbre a las empresas. Según las cifras expuestas por el legislador, el programa previo recaudó 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes.

El coordinador morenista estimó que la ampliación podría abarcar a cerca de 30 millones de contribuyentes, incluidos 2.5 millones de personas morales y alrededor de 16 mil grandes contribuyentes. Estos últimos, afirmó, aportan unos 2.3 billones de pesos al erario. El Economista reportó que el pago tendría que realizarse sin mantener impugnados los créditos fiscales.

La oposición cuestionó que retirar el límite de ingresos convierta un mecanismo de regularización en un trato preferente para compañías con mayor capacidad financiera. PAN y PRI sostuvieron que la eliminación de accesorios fiscales puede equivaler, en los hechos, a una condonación. El oficialismo respondió que el artículo 28 constitucional prohíbe perdonar impuestos, pero no impide estímulos sobre multas, recargos y costos de cobro cuando el adeudo principal se liquida.

Una concesión dentro del Paquete Económico 2027

El cambio ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara ante el Consejo Coordinador Empresarial que propondría ampliar la regularización fiscal sin límite de monto. Esa secuencia coloca bajo escrutinio la negociación con el sector privado: la facilidad fue incorporada durante la discusión legislativa, no en la versión original del dictamen.

La reserva forma parte de una Ley de Ingresos que proyecta recursos federales por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. La discusión se suma a la revisión del Paquete Económico 2027, al debate sobre el aumento de la deuda pública y a las nuevas medidas del SAT contra la evasión fiscal.

El punto pendiente es cuánto recaudará realmente la ampliación y qué monto dejará de cobrar el fisco por accesorios. Sin una estimación pública desagregada, no es posible medir todavía si la recuperación acelerada de adeudos compensará el costo del estímulo. El Senado tendrá la última palabra sobre la redacción y sus condiciones antes del 31 de octubre.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.