La convocatoria del INE para elegir a su próxima presidenta quedó pendiente tras el desacuerdo entre Morena y el PAN en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal reconoció el 3 de noviembre que las negociaciones requieren más tiempo. El aplazamiento deja sin cerrar las reglas de un relevo marcado por cuestionamientos sobre transparencia y concentración de facultades.
Convocatoria del INE: del calendario anunciado al desacuerdo
El coordinador de Morena había presentado un itinerario para iniciar el procedimiento, pero la discusión con las demás bancadas no produjo un acuerdo. La comunicación de su propio grupo parlamentario confirmó que se ampliará la negociación y que la aprobación podría trasladarse a la semana siguiente.
Monreal sostuvo que busca el mayor respaldo posible, incluso unanimidad, por la importancia del nombramiento. Al mismo tiempo, mantuvo abierta la posibilidad de recurrir a la mayoría si no alcanza consenso. Esa alternativa se refiere a la negociación del procedimiento y no debe presentarse como una designación ya resuelta.
El cambio modifica el escenario de la ruta para el relevo que Monreal había perfilado hacia diciembre. Las fechas adelantadas en entrevistas son previsiones políticas: mientras no exista una convocatoria aprobada, no constituyen un calendario definitivo de registro, evaluación o nombramiento.
Las exigencias del PAN y la respuesta de Morena
En su conferencia del 3 de noviembre, reproducida con crédito a la Cámara de Diputados, Elías Lixa explicó ocho propuestas de su bancada. Entre ellas figuran ampliar la separación respecto de cargos partidistas o gubernamentales para integrantes del comité evaluador, consultar a organizaciones civiles y permitir observadores legislativos y ciudadanos.
También pidió explicar cómo se protegerán los exámenes de posibles filtraciones, obtener consentimiento para publicar resultados de las evaluaciones y justificar con mayor detalle la selección de las quintetas. Su demanda adicional fue revertir facultades concentradas en la presidencia del instituto y recuperar decisiones colegiadas.
Lixa vinculó esas exigencias con señalamientos sobre procesos anteriores. Son cuestionamientos del legislador, no pruebas por sí mismos de que existieron filtraciones o favoritismos. La revisión de las reglas no sustituye las investigaciones que correspondan.
De acuerdo con La Jornada, Dolores Padierna respondió que las condiciones mezclan medidas de transparencia con propuestas que Morena considera obstáculos al nombramiento. La vicecoordinadora rechazó imponer condiciones vinculantes adicionales a la participación de la CNDH y cuestionó que más requisitos u observadores garanticen por sí solos independencia.
La colegialidad sigue como compromiso pendiente
Monreal manifestó disposición a revisar las facultades de la presidencia y devolver atribuciones al Consejo General. No obstante, argumentó que algunas modificaciones requerirían una reforma constitucional. Su declaración expresa una posición favorable a legislar, pero no acredita que esa reforma haya sido aprobada ni que forme parte de un acuerdo entre bancadas.
El punto de fiscalización para Morena es concreto: explicar qué garantías de transparencia acepta, cuáles rechaza y con qué fundamento. Por ahora, el resultado documentado es la falta de consenso y el desplazamiento de los plazos anunciados, no la aprobación de nuevas salvaguardas.
Este proceso legislativo corre por una vía distinta de la preparación de una denuncia por la gestión de Guadalupe Taddei. Las acusaciones sobre contrataciones deben ser investigadas y no equivalen a sentencias. Tampoco permiten atribuir a la exconsejera una afiliación partidista no demostrada.
Fotografía: Ricardo Monreal con coordinadores parlamentarios y el presidente de la Cámara de Diputados, en una reunión previa a la Jucopo del 3 de noviembre de 2026. Crédito: comunicación de Ricardo Monreal, vía EMEEQUIS. La imagen documenta la reunión, no una irregularidad.







