Ángel Aguirre Rivero fue detenido por la FGR, que lo investiga por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el ocultamiento de evidencias dentro de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La captura forma parte del nuevo modelo de investigación implementado por la institución, basado en el reanálisis de las actuaciones realizadas desde el inicio del caso.
La FGR atribuye al exgobernador posible ocultamiento de evidencias
La FGR informó que la detención se realizó después de desarrollar un nuevo análisis de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De acuerdo con la institución, ese reanálisis permitió acreditar la posible implicación de Ángel Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias que podrían haber contribuido a esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, la cual fue ejecutada este jueves por las autoridades.
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente nuevos detalles sobre el proceso penal que enfrentará el exgobernador ni sobre las diligencias posteriores a su captura.
Su administración quedó marcada por el caso Ayotzinapa
Ángel Aguirre Rivero inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980. Años después se incorporó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2011 asumió la gubernatura de Guerrero.
Durante su administración ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, registrada la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Tras la presión social generada por el caso, presentó su renuncia al cargo el 23 de octubre de ese mismo año, antes de concluir su mandato.
En distintos momentos, el exgobernador rechazó haber participado en la destrucción u ocultamiento de evidencias relacionadas con la investigación. Entre los señalamientos figuró la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
En mayo de 2025, después de la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Aguirre difundió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad en el manejo del material probatorio y aseguró que nunca dio instrucciones relacionadas con esas evidencias.
Su administración también estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entre los casos señalados figura la desaparición, en diciembre de 2011, de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande, así como la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa durante una protesta en la Autopista del Sol, donde policías estatales dispararon contra los manifestantes.
Después de dejar el gobierno, Ángel Aguirre Rivero permaneció alejado de cargos públicos. En 2018 buscó contender por una diputación federal, aunque finalmente abandonó la precampaña.
El año pasado declaró públicamente que había cargado con “una loza muy pesada” por el caso Ayotzinapa y sostuvo que, tras once años de investigaciones, las autoridades no habían encontrado elementos que lo involucraran directamente.
El caso Ayotzinapa sigue sin resolverse a casi 12 años
La detención del exgobernador ocurre a poco más de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos en México.
En julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, documento que generó críticas de organizaciones nacionales e internacionales al exonerar de responsabilidad al Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes.
Posteriormente, el 26 de julio, la CNDH respondió mediante un posicionamiento en el que rechazó las acusaciones de haber protegido a las Fuerzas Armadas. El organismo sostuvo que la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural se encuentra documentada con información oficial proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y negó haber reabierto un caso previamente concluido.
La Comisión explicó además que la recomendación deriva de una queja presentada directamente por familiares de los estudiantes el 24 de junio de 2021 y precisó que el documento no sustituye las investigaciones ministeriales.
Sin embargo, según testimonios difundidos por La Jornada, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, cuestionó que la CNDH no consultara previamente a las familias antes de emitir la recomendación. Algunos padres también manifestaron que no participaron en la elaboración del informe ni solicitaron la intervención del organismo bajo esos términos.
Con la detención de Ángel Aguirre Rivero, la FGR incorpora un nuevo capítulo a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, cuya resolución continúa siendo una de las principales demandas de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
