En México, 2.6 millones de hogares —6.5% del total— padecieron alguna restricción para acceder a alimentos por falta de dinero o recursos, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi. El problema fue más agudo en Tabasco y Oaxaca, y vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de los programas sociales para llegar a quienes enfrentan carencias básicas.
La falta de alimentos golpea con más fuerza al sur
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de ese año en una muestra de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas, muestran profundas diferencias territoriales. Tabasco registró la proporción más alta de hogares con alguna limitación alimentaria por falta de recursos, con 15.3%, seguido por Oaxaca, con 10.1%.
La brecha es todavía más severa al observar los 753 municipios incluidos en la muestra. San Martín Peras, Oaxaca, alcanzó 47% de hogares con restricciones de acceso a alimentos, mientras Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, llegó a 41.6%. Son niveles que multiplican varias veces el promedio nacional y señalan una concentración persistente de la carencia en comunidades del sur del país.
La encuesta también encontró que en 3.9% de los hogares una persona menor de 18 años sintió hambre y no comió por falta de dinero o recursos. Tabasco volvió a encabezar este indicador con 9.5%, seguido por Guerrero con 6.1%, según el desglose difundido por El Universal. La medición importa porque no se limita a la percepción de pobreza: registra una privación concreta dentro del hogar.
Programas sociales y resultados que no coinciden
El mismo levantamiento reportó que 41.4% de los hogares recibió ingresos monetarios de algún programa federal o estatal. El dato refleja una cobertura amplia, pero su convivencia con 2.6 millones de hogares que no lograron cubrir plenamente su alimentación obliga a revisar la focalización territorial y la suficiencia real de los apoyos.
La comparación requiere cautela: los tabulados citados no demuestran que todos los hogares con falta de alimentos fueran beneficiarios de programas, ni permiten atribuir la carencia a una política específica. Sin ese cruce, sería incorrecto concluir que cada transferencia fracasó. Lo que sí muestran es que cobertura presupuestaria y resultados sociales no son equivalentes, y que la evaluación pública debe medir si el recurso llega a las familias con mayor necesidad.
La presión sobre el ingreso ayuda a explicar parte del problema. En agosto de 2026, la canasta alimentaria urbana se encareció 4.5% anual y llegó a 2,563 pesos mensuales por persona, por encima de la inflación general de 3.3%. La canasta urbana completa superó los 4,900 pesos, mientras el costo rural de la alimentación alcanzó 1,911 pesos por persona. Cuando los precios básicos crecen más rápido que el promedio, los hogares con ingresos bajos pierden margen aun si reciben apoyos.
Medir resultados, no sólo presupuesto
El desafío para el Gobierno federal y los estados es convertir la cobertura de transferencias en mejoras verificables. Eso implica publicar cruces entre beneficiarios, ubicación geográfica, composición del hogar y carencias alimentarias; corregir padrones; y reforzar la atención en municipios donde la privación rebasa ampliamente el promedio nacional.
También exige mirar el mercado laboral. La informalidad laboral mantiene a millones sin ingresos estables ni protección social, una vulnerabilidad que no desaparece con apoyos aislados. La encuesta no ofrece una explicación única, pero sí una señal clara: en un país con amplia cobertura de programas, millones de hogares todavía enfrentan una carencia tan elemental como no contar con dinero suficiente para comer.
La información, también recogida por Vanguardia, establece una línea base para exigir resultados. El siguiente paso será conocer si los presupuestos de 2027 reducen esas brechas o sólo aumentan la cobertura nominal sin modificar los indicadores de hambre y acceso a alimentos.







