Un juez federal vinculó a proceso al exsecretario de Torreón José Elías Ganem Guerrero, a su esposa y a otras tres personas por su posible participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La resolución, solicitada por la FGR tras una denuncia de la UIF, abre tres meses de investigación complementaria y coloca bajo escrutinio la gestión municipal.
Exsecretario de Torreón: qué resolvió el juez
La Fiscalía General de la República informó este 28 de septiembre que el juzgador consideró suficientes los datos iniciales para procesar a José Elías Ganem, Martha Rodríguez Romero, José Feliciano Hernández Hinojo, Farid Ali Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón. La vinculación no equivale a una condena: las cinco personas conservan la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
El juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para completar la investigación. Rodríguez Romero y Ramírez Chacón permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos; Ganem Guerrero, Hernández Hinojo e Ibarra Nassar fueron enviados al centro federal número 13, en Oaxaca.
Una denuncia de la UIF abrió la investigación
La FGR precisó que el expediente comenzó en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, su comunicado no detalla las cantidades investigadas, las operaciones bancarias cuestionadas ni el origen específico del dinero. Esa falta de información limita por ahora la posibilidad de conocer el tamaño del posible daño y las decisiones administrativas bajo revisión.
La Jornada identificó a Ganem como exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, a Rodríguez como exdirectora del Centro de Justicia Municipal y a Hernández como antiguo chofer y escolta del exfuncionario. El diario también recordó que el nombre de Ganem apareció en denuncias presentadas desde junio de 2025 por presuntas irregularidades relacionadas con recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.
Este nuevo caso se suma a otros expedientes que han puesto bajo presión los controles sobre el dinero público. En Enrique Muñoz News se ha documentado que 84% de las sanciones anticorrupción fueron por faltas leves y que la FGR cesó a un delegado por anomalías en un decomiso de combustible.
El municipio ofrece colaborar, pero faltan respuestas
Tras las detenciones, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que el municipio colaborará con las autoridades federales y atenderá cualquier solicitud de información, según reportó Vanguardia. Esa disposición es relevante, pero todavía no sustituye una explicación pública sobre los controles internos aplicados durante el paso de los exfuncionarios por el ayuntamiento.
Para efectos de rendición de cuentas, el municipio deberá aclarar qué responsabilidades administrativas tenían los imputados, qué contratos, pagos o autorizaciones pasaron por sus áreas y si las auditorías internas detectaron alertas. También corresponde separar los señalamientos judiciales de los hechos ya probados: la FGR debe sustentar su acusación y las defensas podrán impugnar los datos presentados.
Lo que sigue para los cinco imputados
Durante los próximos tres meses, la FEMDO podrá ampliar peritajes financieros, reconstruir flujos de recursos y solicitar información adicional. Al concluir ese periodo, la Fiscalía deberá decidir si presenta acusación formal; las defensas, por su parte, podrán cuestionar la legalidad y suficiencia de las pruebas.
El punto central no es solo el desenlace penal. La investigación también pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para transparentar posibles redes de corrupción sin convertir una vinculación a proceso en una condena anticipada. Hasta ahora, la información oficial confirma el proceso y las medidas cautelares, pero deja pendientes los montos, la mecánica financiera y el eventual impacto sobre recursos públicos municipales.







