Reunión sobre financiamiento de universidades públicas en San Lázaro. Fotografía: ANUIES, difundida el 29 de octubre de 2026.
Treinta y cinco universidades públicas estatales necesitan, según sus estimaciones, 2,850 millones de pesos para cubrir incrementos salariales y de prestaciones en 2027. El proyecto de presupuesto federal contempla 1,370 millones para ese fin. En San Lázaro, las instituciones plantearon cómo cerrar la diferencia de 1,480 millones; las presidentas de las comisiones de Presupuesto y Educación ofrecieron hacer gestiones, sin anunciar una ampliación aprobada.
Qué cubre el cálculo de las universidades
La Universidad de Sonora dio a conocer las cifras tras la reunión del 28 de octubre con Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La comparación se refiere a los aumentos previstos en sueldos y prestaciones de 35 instituciones. No es el costo completo de sus nóminas, una deuda vencida con el personal ni un faltante atribuible por partes iguales a todas las universidades.
La cuenta muestra lo que se discute: de cada cien pesos que las instituciones estiman necesarios para esos incrementos, el proyecto considera alrededor de 48. El resto es lo que piden financiar. La Universidad de Sonora distinguió esa solicitud de otra, por más de 1,100 millones de pesos, para nivelar los sueldos de categorías cuyos tabuladores han quedado por debajo del salario mínimo general. Nivelar una categoría salarial y pagar el aumento anual de prestaciones son problemas distintos.
Por qué piden elevar el subsidio de 3.2% a 4%
El planteamiento universitario también cuestiona el aumento del subsidio ordinario. Para la mayoría de las instituciones estatales, la Universidad de Sonora sitúa en 3.2% el incremento previsto y pide llevarlo al menos a 4%. Toma como referencia el ajuste de precios que identifica en los criterios económicos para 2027. La distancia es de 0.8 puntos porcentuales. No debe confundirse con los 1,480 millones del cálculo salarial: una cifra compara tasas sobre el subsidio; la otra, cantidades para un gasto concreto.
Qué comprometieron las diputadas y qué falta votar
De acuerdo con la asociación, Gómez Pozos y María del Rosario Orozco Caballero, presidenta de la Comisión de Educación, se comprometieron a gestionar recursos. Orozco ofreció solicitar una audiencia con la Secretaría de Hacienda para que las rectorías expongan su diagnóstico. La reunión dejó una vía para negociar, no una transferencia autorizada. Tampoco fijó cuánto recibiría cada institución o en qué fechas.
Para comprobar si la petición prospera habrá que comparar el decreto que apruebe la Cámara con el proyecto federal de gasto para 2027. La pregunta es si se identifica dinero para los aumentos y la nivelación, no sólo si crece el presupuesto educativo total. El proyecto de reasignación que incluye infraestructura escolar, por ejemplo, tiene otro destino: una ampliación para planteles no financia por sí misma los salarios de las universidades estatales.
Foto: ANUIES. Reunión en la sala Gilberto Bosques Saldívar de San Lázaro; imagen difundida el 29 de octubre de 2026.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
