El gobierno federal propone aumentar el presupuesto de Conagua para 2027 y, al mismo tiempo, reducir en 3,370.7 millones de pesos la partida para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La diferencia importa para las comunidades que esperan una red o una planta de tratamiento: el crecimiento del gasto total no significa que habrá más dinero para esas obras.
Qué cambia en el presupuesto de Conagua
El punto de comparación es el presupuesto aprobado para 2026, no lo que la comisión terminó pagando. Frente a los 37,689.1 millones de pesos de ese año, el Ejecutivo planteó 39,797.4 millones para el siguiente. El aumento de 2,108.3 millones es nominal: compara pesos de cada año sin descontar la inflación. Las cifras proceden del proyecto presentado por Hacienda y del desglose por programas de El Economista.
La partida K027, que financia infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pasaría de 16,947.9 a 13,577.2 millones de pesos. Por cada cien pesos aprobados en 2026 para ese programa, la propuesta dejaría unos ochenta en 2027. También bajaría la asignación del programa U074 de agua potable, drenaje y tratamiento: de 2,257.5 millones a 1,771.7 millones. Son dos programas distintos, no dos formas de medir el mismo recorte.
El riego gana espacio, pero no en todas sus partidas
El movimiento más marcado en sentido contrario aparece en el programa K026. Abarca infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones. Su asignación subiría de 4,814 a 9,184.7 millones de pesos. El incremento de esa sola partida, 4,370.7 millones, superaría incluso el crecimiento neto de todo el presupuesto de la comisión. Esto es posible porque otras asignaciones disminuyen.
El aumento tampoco sería uniforme para el campo. El programa U217, de apoyo a la infraestructura hidroagrícola, bajaría de 1,932.9 a 1,514.7 millones. Por eso, para una asociación de usuarios no basta saber que el gobierno prioriza el riego. Importa identificar mediante qué programa se financiaría la obra que necesita y cuánto exige de aportación local.
Un ejemplo es el convenio para tecnificar el Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos, con sede en Ojinaga. En octubre, Conagua anunció la firma y el Gobierno de Chihuahua describió trabajos en canales, compuertas y tuberías. El convenio ilustra qué se busca modernizar. Su inversión prevista es plurianual: no corresponde sumar todo su valor al presupuesto de un solo año ni presentarlo como dinero ya ejercido.
Qué falta para medir el efecto en las redes de agua
El proyecto expresa las prioridades que el Ejecutivo llevó a los diputados. No identifica por sí solo qué obra municipal quedará sin financiamiento, ni permite atribuirle un corte de suministro concreto. Para establecerlo se necesitan el presupuesto definitivo, las asignaciones por proyecto y, después, los informes de avance físico y financiero.
La pregunta de fiscalización es qué proyectos de agua potable conservarán recursos, cuáles cambiarán de calendario y con qué criterio. Es una distinción relevante tanto para el seguimiento al abasto de familias en Chiapas como para los compromisos federales de agua en Guadalajara. Ninguno de esos casos puede darse por financiado o cancelado a partir de un porcentaje nacional.







