Hugo Aguilar Ortiz en reunión con representantes sindicales, imagen difundida el 6 de noviembre de 2026. Foto: SCJN, vía 24 Horas. No muestra las sedes en paro.
El paro judicial iniciado el 6 de noviembre mantuvo la protesta en distintas sedes este sábado 7 y abrió un nuevo conflicto en la implementación de la reforma al Poder Judicial. Trabajadores cuestionan las reglas de evaluación y sus efectos futuros. El Órgano de Administración Judicial sostiene que el primer ejercicio es diagnóstico; el propio acuerdo confirma que no puede provocar separaciones individuales en 2026.
Paro judicial: el conflicto ya afecta la operación
N+ reportó el 7 de noviembre movilizaciones en al menos 40 sedes de 23 estados. Es un recuento periodístico de una protesta en desarrollo, no una certificación de que todos los tribunales del país estén cerrados.
La suspensión puede retrasar atención presencial, recepción de promociones y audiencias ordinarias en los órganos participantes. Las guardias y asuntos urgentes dependen de cada juzgado o tribunal. Por ello, las personas con diligencias programadas necesitan confirmar directamente las condiciones de atención antes de trasladarse.
El alcance tampoco es uniforme. En Ciudad Juárez, El Diario documentó la suspensión de 350 sindicalizados el viernes. Su representante, Miguel Ángel Casanova Toscano, informó que volverían el lunes 9 y que permanecería el acceso para asuntos urgentes. Anunció que buscarían mesas de trabajo y advirtió de nuevas movilizaciones si no había acuerdos.
El costo institucional ya es visible: las reglas destinadas a mejorar el desempeño desembocaron en una disputa que altera el servicio. Eso no prueba un fracaso de toda la reforma, pero sí obliga a explicar cómo se implementó la evaluación y por qué no logró despejar la desconfianza laboral.
Lo que el acuerdo sí dice sobre la evaluación de 2026
El quinto precisa que los resultados servirán para capacitación, profesionalización y mejora institucional: no producirán aprobación o reprobación ni consecuencias individuales sobre permanencia o separación. Presentar esos exámenes como una orden de despido inmediato sería incorrecto.
La participación, sin embargo, es obligatoria. El octavo transitorio prevé una primera evaluación con los efectos establecidos en el acuerdo y la ley para el periodo ordinario posterior, una vez realizadas las acciones de capacitación. Ahí se concentra la preocupación sobre el futuro que expresan los trabajadores, distinta de las garantías del diagnóstico inicial.
El calendario fija exámenes para secretarios el 4 de diciembre, actuarios el 8 y oficiales los días 14 y 15. La autoridad tiene que explicar con claridad los criterios, las garantías y la diferencia entre etapas: publicar las reglas no garantiza, por sí solo, una aplicación sin conflicto.
La Corte ofrece diálogo; la prueba será el acuerdo
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, sostuvo encuentros separados con dirigentes de dos sindicatos el 6 de noviembre. Según la información institucional recogida por 24 Horas, ofreció espacios de escucha y coordinación con el OAJ, y planteó que evaluar debe fortalecer capacidades, no funcionar como castigo.
El OAJ forma parte del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Examinar los resultados de la reforma impulsada por la 4T no autoriza a atribuir militancia partidista a sus integrantes ni a adjudicar al gobierno cada decisión de ese órgano.
El funcionamiento de los contrapesos también exige distinguir expedientes: el recorte presupuestal al INE es una decisión legislativa; la reforma de la UMSNH plantea otra discusión de diseño institucional. En el conflicto judicial, la tarea concreta es recuperar el servicio con reglas comprensibles y garantías verificables. La promesa de una justicia mejor no se acredita con puertas cerradas.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
