La reforma de la UMSNH aprobada el 3 de noviembre por el Congreso de Michoacán aplaza hasta 2031 el nuevo mecanismo participativo para elegir a la rectoría. Con respaldo de legisladores de Morena, la sucesión de 2027 volverá excepcionalmente a una comisión de ocho integrantes. La rectora anunció acciones legales, mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla defendió la decisión como una medida de certeza institucional.
Reforma de la UMSNH: la participación se posterga
El comunicado del Congreso estatal registra 32 votos a favor, tres en contra y una abstención. La modificación permite recuperar, por una sola ocasión, la Comisión de Rectoría para designar a la autoridad universitaria del periodo 2027-2031. El modelo de mayor participación de la comunidad queda desplazado al siguiente relevo.
Según la crónica de Encuentro de Michoacán, la comisión estará integrada por cinco exrectores, el decano de los directores de escuelas, facultades e institutos, el decano de los profesores en activo y un estudiante consejero con el promedio más alto. Su instalación debe ocurrir dentro de los diez días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
El mismo reporte señala que se aprobó una reserva para exigir que la comisión garantice la participación de la comunidad conforme al artículo 143 de la Constitución estatal. Esa disposición debe distinguirse del aplazamiento del nuevo modelo: el decreto no equivale a celebrar ahora la elección originalmente prevista.
Las razones del oficialismo y los cuestionamientos
El diputado morenista Juan Carlos Barragán respaldó el dictamen con el argumento de evitar una prolongación del mandato actual o un vacío institucional. El relevo está previsto para el 8 de enero de 2027. La discusión no se limita, por tanto, a quién ocupará el cargo, sino a quiénes podrán decidirlo y bajo qué reglas.
Baltazar Gaona, presidente de la Mesa Directiva y legislador del PT, sostuvo en el comunicado oficial que la propuesta nació de integrantes de la universidad y reunió más de seis mil firmas. Atribuyó la necesidad del cambio al retraso y la falta de consenso en la reglamentación universitaria. Esos señalamientos son su posición política, no una resolución judicial contra la rectora.
En contraste, Guillermo Valencia y Antonio Carreño cuestionaron la consulta a la comunidad y la compatibilidad de la reforma con la autonomía. Sus objeciones plantean un problema que la mayoría debe responder públicamente: cómo se garantiza una participación efectiva cuando se posterga el mecanismo diseñado para ampliarla. La aprobación legislativa no elimina ese debate.
Rectoría anuncia defensa legal; Bedolla respalda el cambio
De acuerdo con MiMorelia, que recoge el mensaje institucional de Yarabí Ávila, la rectora anunció que continuará los trámites legales y promoverá amparos para defender la autonomía. Considera que la decisión se aparta del propósito participativo de la reforma de 2025. El anuncio no acredita por sí solo que exista una suspensión o sentencia favorable.
Por su parte, Ramírez Bedolla defendió el 4 de noviembre que la determinación del Legislativo busca dar certeza al relevo. El medio también informó que la universidad levantó ese miércoles el paro anunciado la noche anterior. No corresponde presentar aquella suspensión de actividades como vigente sin incorporar esta actualización.
El escrutinio al gobierno morenista y a su bancada exige separar su justificación de los resultados: garantizar continuidad no demuestra, por sí solo, que se haya preservado toda la participación prometida. La controversia universitaria es distinta del balance pendiente del Plan Michoacán y del debate nacional sobre recursos universitarios, aunque los tres asuntos requieren explicaciones verificables.
Fotografía: Baltazar Gaona en el recinto legislativo, imagen difundida con el comunicado del Congreso de Michoacán del 3 de noviembre de 2026. Crédito: Congreso del Estado. La fuente no precisa la fecha de captura.







