La Semovi suspendió la prueba piloto de placas mercantiles y licencias especiales para repartidores en motocicleta, pero la pausa no desactivó el conflicto: los trabajadores volvieron a movilizarse el viernes 13 de noviembre y exigieron cancelar el proyecto. La dependencia anunció una reunión para el martes 17. El reclamo al gobierno capitalino sigue abierto: justificar los nuevos requisitos y atender la seguridad de quienes hacen entregas.
Semovi ofrece una pausa; el gremio exige cancelar
El antecedente es el acuerdo del 9 de noviembre. Tras protestas y bloqueos al poniente de la Ciudad de México, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dialogó con representantes de motociclistas y se suspendió la prueba que contemplaba una licencia especial y una placa mercantil. También se acordó abrir nuevas mesas para revisar la propuesta, según la cobertura de N+.
Suspender no es cancelar. Esa diferencia explica que la inconformidad continuara cuatro días después. Los repartidores cuestionan que se les pidan documentos adicionales para trabajar cuando, señalan, ya tienen licencia y tarjeta de circulación. Consideran que la medida añadiría trámites y gastos sin una mejora demostrada de su seguridad.
Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos, pidió la eliminación del proyecto, no el fin del diálogo, de acuerdo con El Gráfico, en su reporte del 14 de noviembre. El señalamiento de que la propuesta tiene fines recaudatorios pertenece a los manifestantes; no acredita por sí mismo un cobro ilegal ni una intención probada de la autoridad.
El costo de trabajar se vuelve protesta en las calles
El viernes, los motociclistas se reunieron en las inmediaciones del Parque México y avanzaron hacia el Centro Histórico. Uno TV documentó la caravana y sus demandas, entre ellas seguridad vial, rechazo a las placas y licencias de carga y claridad sobre el aprovechamiento del 2% relacionado con las plataformas.
También solicitaron facilidades para estacionar motocicletas durante entregas breves, siempre que puedan acreditar el pedido o viaje. No son beneficios ya autorizados: forman parte de sus peticiones. Tampoco debe confundirse el aprovechamiento aplicado a plataformas con una nueva cuota individual impuesta mediante la prueba suspendida.
El conflicto expone un problema político para la administración de Clara Brugada: regular una herramienta de trabajo sin convencer a quienes deberán cumplir los requisitos produce resistencia y afectaciones para terceros. Los cierres presionan a la autoridad, pero también complican los recorridos de personas ajenas a la disputa. La pausa evitó avanzar con el piloto; no sustituyó un acuerdo sobre sus costos y utilidad.
La reunión del 17 todavía no es una solución
La respuesta oficial es que habrá un encuentro con representantes del sector el martes 17 de noviembre. Según el comunicado de Semovi retomado por Once Noticias el 13 de noviembre, la dependencia busca escuchar propuestas, revisar las condiciones de circulación y coordinar acciones para reducir los hechos de tránsito.
Ese objetivo debe evaluarse con resultados, no sólo con la convocatoria. La autoridad necesita explicar qué problema resolvería cada documento adicional, cómo evitaría cargas injustificadas y qué medidas concretas protegerían a los repartidores. Hasta entonces, anunciar otra mesa no equivale a cerrar la controversia.
La discusión se suma al escrutinio de la movilidad capitalina, desde las advertencias del sindicato del Metro sobre fallas hasta las reparaciones tras las afectaciones de la Línea B. Son asuntos distintos, pero comparten una exigencia: que las decisiones públicas produzcan seguridad y funcionamiento verificables, no únicamente anuncios.







