La reforma a derechos de autor fue aprobada el 3 de noviembre en el Senado con el respaldo de Morena y sus aliados, entre advertencias de la oposición sobre posibles restricciones a la expresión en internet. El proyecto incorpora responsabilidad secundaria para proveedores y políticas frente a usuarios reincidentes. Fue enviado al Ejecutivo; su aprobación legislativa no equivale a una suspensión inmediata de conexiones.
Reforma a derechos de autor: del Senado al Ejecutivo
La votación general registró 72 sufragios a favor y 37 en contra, de acuerdo con las coberturas de El Financiero y La Jornada. El registro de la sesión en el Sistema de Información Legislativa confirma la aprobación y la remisión al Ejecutivo federal.
El dictamen reforma el artículo 114 Octies y añade los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor. La controversia se concentra en las obligaciones de quienes intermedian el acceso o los servicios digitales, no únicamente en la conducta de la persona que publica una obra ajena.
La ficha legislativa de la iniciativa del Ejecutivo describe una política pública para terminar el servicio a infractores reincidentes y responsabilidad por incumplimientos que ocasionen daños a titulares de derechos. Para conocer los efectos definitivos será necesario atender el decreto que se publique y sus disposiciones de entrada en vigor.
El riesgo señalado: retirar primero y revisar después
Durante la discusión en comisiones, el panista Miguel Márquez Márquez advirtió que la presión sobre las plataformas podría incentivar retiros preventivos, en lugar de una evaluación de si realmente existe una infracción. Su participación está documentada por su grupo parlamentario; el argumento fue recogido por La Jornada. Es una advertencia política sobre el diseño de la reforma, no evidencia de censura ya ejecutada.
Carolina Viggiano, del PRI, cuestionó cómo se determina la reincidencia y qué garantías acompañan una suspensión. Movimiento Ciudadano también objetó la proporcionalidad: el registro legislativo recoge que Clemente Castañeda advirtió sobre retiros injustificados y riesgos para la libertad de expresión.
Otro problema planteado en el debate es el de conexiones compartidas. Según El Financiero, el senador Gabriel Elizondo alertó sobre posibles afectaciones a integrantes de una familia ajenos a la infracción. La pregunta es cómo evitar que una medida dirigida a un usuario perjudique a quienes utilizan la misma conexión para estudiar o trabajar.
Morena defiende la protección a creadores
Manuel Huerta, de Morena, rechazó la etiqueta de “ley antimemes” y defendió la necesidad de proteger el trabajo creativo. Martha Lucía Micher sostuvo que el cambio atiende un vacío sobre responsabilidad secundaria y responde al marco del T-MEC. Estas son las razones expresadas por los promotores; no eliminan los cuestionamientos sobre salvaguardas y aplicación.
La discusión da continuidad al debate previo sobre sátira y derechos de autor y se cruza con las preocupaciones sobre derechos y protección de datos en entornos digitales. El punto de rendición de cuentas será comprobar qué procedimientos, garantías y vías de impugnación acompañan las nuevas obligaciones, sin confundir la protección de obras con una autorización general para silenciar críticas.
Fotografía: Miguel Márquez Márquez durante la discusión del dictamen en comisiones, 3 de noviembre de 2026. Crédito: Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.







