Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa. Foto de archivo: Gobierno de la Ciudad de México / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Ciudad de México, 10 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano no tiene evidencia de que Inteliproof Efficient esté vinculada con un grupo delictivo. La declaración contrasta con la sanción impuesta por Estados Unidos y con el bloqueo preventivo aplicado por la UIF, mientras siguen bajo revisión contratos millonarios de la empresa con instituciones de seguridad de Baja California.
Inteliproof: la versión de Sheinbaum y la medida de la UIF
En su conferencia del 8 de octubre, Sheinbaum sostuvo que ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni el gabinete de seguridad cuentan con pruebas que relacionen a Inteliproof Efficient con la delincuencia organizada. Añadió que México no había recibido de Washington la información que sustenta esa imputación y planteó que las irregularidades detectadas podrían ser de carácter fiscal o administrativo.
La posición presidencial fija una diferencia relevante: una sanción financiera extranjera no equivale, por sí sola, a una sentencia penal en México. Sin embargo, la UIF informó el 29 de septiembre que identificó operaciones de riesgo o irregulares entre algunos de los 46 sujetos designados por Estados Unidos y colocó a todos en la Lista de Personas Bloqueadas. La dependencia aclaró que se trataba de una medida administrativa preventiva y no de una determinación definitiva de responsabilidad.
La sanción de Estados Unidos y el punto no aclarado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incluyó a Inteliproof en su lista de personas y entidades bloqueadas el 29 de septiembre. El Departamento del Tesoro afirmó que la compañía era propiedad, estaba controlada o actuaba directa o indirectamente por cuenta de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien señaló como integrante de una red que brindó apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.
La ficha oficial de la OFAC identifica a Inteliproof como una empresa de seguridad privada constituida en Tijuana. La sanción bloquea bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo autorización, operaciones de personas de ese país con la entidad. No acredita por sí misma una culpabilidad penal ante tribunales mexicanos, pero sí plantea una obligación de debida diligencia para las autoridades que contrataron sus servicios.
La contradicción todavía no resuelta está entre la acusación concreta de Washington y la falta de evidencia reconocida por el gobierno mexicano. La respuesta pública tampoco ha precisado qué información solicitó México a Estados Unidos, qué plazos se fijaron para recibirla ni qué revisión nacional se abrió sobre la empresa y sus socios.
Contratos con áreas de seguridad de Baja California
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada por Aristegui Noticias, documentó que la Fiscalía de Baja California otorgó a Inteliproof contratos por más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025. Los bienes y servicios incluyeron mantenimiento, mobiliario, equipo de cómputo, uniformes, equipo táctico y un sistema de reconocimiento facial.
La Plataforma Nacional de Transparencia mostró 33 contratos por 73.2 millones de pesos, de los cuales 19 fueron adjudicados directamente; la investigación completó el monto con otros convenios documentados por medios locales. Parte de los recursos provino de fondos federales de seguridad. El gobierno de Baja California reconoció las contrataciones y argumentó que, cuando se realizaron, no existía un impedimento legal para contratar a los proveedores ahora sancionados.
El caso rebasa una discusión financiera: una compañía privada habría tenido acceso a suministros, infraestructura y tecnología sensible de instituciones de seguridad. Por eso, además de revisar pagos y procedimientos, las autoridades deben explicar si Inteliproof administró bases de datos, sistemas biométricos o información operativa, y qué controles se aplicaron para protegerlos.
Lo que falta por transparentar
El bloqueo de cuentas limita operaciones, pero no sustituye una investigación penal ni una auditoría de los contratos. Como ocurrió en la revisión a Birmex por posibles daños al erario, la rendición de cuentas exige expedientes, responsables, montos y seguimiento verificable.
También resulta necesario informar si los sistemas contratados permanecen activos y quién conserva el control de la información. El debate se enlaza con otros riesgos de tecnología aplicada a seguridad, como la red de videovigilancia clandestina detectada en Tabasco. Hasta ahora, la Presidencia ha cuestionado el sustento estadounidense; falta que las autoridades mexicanas publiquen el resultado de su propia investigación.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
